
Los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos han firmado un memorando de entendimiento (MOU) mediante el cual Estados Unidos “se compromete a cubrir el gasto de la repatriación” de migrantes que cruzan el Darién, una frontera natural con Colombia, usada por cientos de migrantes diariamente en su camino hacia Norteamérica, de acuerdo con información de la agencia EFE.
“En el acuerdo firmado hoy por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, el gobierno estadounidense se compromete a cubrir el gasto de la repatriación de los inmigrantes que entren ilegalmente por Darién”, según un comunicado emitido por la oficina del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino.
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El objetivo del MOU es frenar el flujo de migrantes ilegales por el Darién, un problema que ha evolucionado en una grave crisis humanitaria. Este acuerdo de “asistencia y cooperación” en asuntos migratorios permitirá a Panamá recibir apoyo en equipos, transporte y logística para manejar a los extranjeros que sean detectados en violación de las leyes migratorias del país. Estos migrantes estarán “sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño”.

Panamá, por su parte, se comprometió a respetar todos los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los inmigrantes y los refugiados. “El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido con resolver la crisis del Darién y terminar con el negocio ilegal de trata de personas”, concluyó el comunicado.
Antes de que se hiciera público este acuerdo, Mulino había declarado en su discurso de investidura que “Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”. Añadió que no tolerará complicidades locales y pidió a las fuerzas de seguridad aplicar la ley con respeto a los Derechos Humanos y a los intereses nacionales.
Este año, más de 195,000 migrantes han cruzado la selva del Darién, la mayoría de ellos venezolanos. En 2023, más de 520,000 migrantes realizaron este peligroso viaje, una cifra sin precedentes, según datos oficiales.
Mulino se mostró firme en su determinación de no permitir que Panamá continúe siendo una ruta para el tráfico ilegal de personas, financiado por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. “No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, aupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Ese dinero, producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito”, afirmó el presidente.

El mandatario también destacó que Panamá no puede seguir financiando los costos económicos y sociales que la inmigración ilegal masiva genera. Según Mulino, esta situación ha obligado a las fuerzas de seguridad panameñas a desviar recursos y atención de otras áreas críticas de seguridad territorial y marítima del país. Calculó el costo económico de la inmigración ilegal en 100 millones de dólares anuales en el pasado.
Con este acuerdo, se espera que Panamá y Estados Unidos colaboren estrechamente para controlar y reducir el tránsito ilegal de migrantes a través del Darién, fortaleciendo así la seguridad y estabilidad en la región.
Con información de EFE*
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