Exescoltas de Verónica Alcocer interpusieron denuncia ante la Procuraduría: aseguran que los echaron y acusaron al encargado de seguridad de Presidencia de extralimitación de funciones

Esta semana se reveló que Verónica Alcocer, primera dama, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), solicitaron cambios en sus esquemas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodríguez, afirmó que los cambios fueron puntuales. No obstante, investigaciones apuntan a una remoción de más de treinta escoltas.

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El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explicó a El Colombiano que las personas despedidas fueron asignados a otras empresas contratistas, según las necesidades de la UNP. Añadió que estos cambios fueron solicitados por la Jefatura para la Protección Presidencial. Según Rodríguez, los cambios solicitados por Alcocer y Sarabia se realizaron conforme a la ley y respetando todos los procedimientos.

Los escoltas afectados afirmaron al medio El Colombiano que no fueron rotados, sino despedidos, y algunos presentaron quejas ante la Procuraduría, aunque prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.

Aunque es común realizar cambios periódicos en los esquemas de protección, no es habitual que se presenten denuncias formales por presunta extralimitación de funciones, como ocurrió en este caso con tres servidores públicos encargados de la seguridad presidencial, entre ellos el coronel Carlos Alberto Feria.

Varios escoltas que formaban parte del esquema presidencial en la Casa de Nariño reportaron irregularidades en sus condiciones laborales, según documentos y testimonios recogidos por El Colombiano. Ellos mencionan que, además de una presunta extralimitación de funciones, se les requería crear un fondo colectivo para cubrir gastos diarios, como peajes y servicios de mantenimiento de las camionetas. Este dinero, afirman, nunca fue reembolsado.

Las personas del esquema de seguridad, contratados bajo la modalidad de tercerización a través de empresas contratistas de la Unidad Nacional de Protección, aseguran que sus condiciones laborales no eran adecuadas debido al tipo de contrato que se liquidaba periódicamente. Además, muchos de estos escoltas quedaron abruptamente desempleados tras ser desvinculados del esquema presidencial sin explicación alguna.

Algunos de estos guardaespaldas trabajan con el presidente Gustavo Petro desde hace varios años y manifiestan que la orden de remoción, presentada por la UNP como una “rotación”, resultó en la terminación definitiva de sus contratos laborales.

La tensión se incrementó con las acusaciones de supuestas interceptaciones ilegales a magistrados, opositores y periodistas. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez dijo que su teléfono estaba siendo interceptado ilegalmente, lo cual aumentó la preocupación.

La primera dama Verónica Alcocer denunció una supuesta campaña de desprestigio en su contra, involucrando a funcionarios del gobierno de su esposo, el presidente Gustavo Petro. En un documento dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Alcocer exige investigar posibles crímenes de odio y la difusión de información falsa, relacionados con entidades gubernamentales.

Alcocer afirmó haber conocido el 1 de junio de 2024 sobre rumores que intentaban vincularla con actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Sostuvo que estos rumores fueron diseñados para afectar su reputación y, a su vez, desprestigiar al gobierno de Petro.

En su carta, Alcocer expresó: “Esta campaña de desprestigio busca dañar mi buen nombre y afectar al gobierno al que pertenezco”. Aseguró que personas dentro del gobierno están detrás de la divulgación de estas informaciones. Según el documento, “la campaña de desprestigio está siendo impulsada, incluso, por personas pertenecientes a entidades del gobierno que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores”.

La primera dama solicitó medidas rápidas y efectivas para esclarecer estos hechos. “Espero que esta investigación se inicie de inmediato para salvaguardar mi integridad y la del presidente Petro”, subrayó. Alcocer también anunció que próximamente revelará los nombres de las personas implicadas en lo que describe como “montajes” en su contra.