En la mañana del lunes 24 de junio de 2024, la Policía Judicial de la Dijín, adscrita a la Fiscalía General Penal Militar y Policial, inició una inspección exhaustiva en la Casa de Nariño. La diligencia la llevaron a cabo más de veinte funcionarios, entre los que se encuentran peritos de topografía y fotografía.
El objetivo principal del ente investigativo es reconstruir la prueba del polígrafo a la que fue sometida la exniñera del hijo de Laura Sarabia -actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, Marelbys Meza, sucedido el 30 de enero de 2023.
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La inspección se realizó en el edificio Galán, el cual es adyacente a la Casa de Nariño, donde fue realizado el polígrafo a Marelbys Meza. La Policía Judicial de la Dijín, adscrita a la Fiscalía General Penal Militar y Policial también recorrió diferentes zonas de la Casa de Nariño.
Entre las zonas se encuentran el manejo de cámaras de control y las oficinas anticipativas, encargadas de gestionar la seguridad del presidente Gustavo Petro, así como a la oficina del coronel Carlos Feria, al cual la Fiscalía le formalizó un escrito de acusación “por su responsabilidad y conocimiento directo en la prueba de polígrafo a la que fue sometida en la tarde del 30 de enero de 2023 Marelbys Meza Buelvas”.
El ente judicial también precisó que “quedó en compañía de un hombre que en su momento no se identificó quien procedió a intimidarla, indicándole que era una ladrona, mentirosa, que esa noche no iba a volver a su casa, y le darían un allanamiento a su morada y la de su familia”, explicó el fiscal.
Finalmente, le solicitaron al coronel que “confesara en dónde tenía el dinero y cuestionándola sobre el paradero de su progenitora, siendo advertida que era probable en que ese momento estuvieran allanando su residencia (...) Avanzando en las labores investigativas se establece que dichas amenazas a la señora Marelbys Meza fue el mayor Duván Andrés Muñoz, quien aprovechó el espacio para constreñir a la ciudadana”.
La diligencia por parte de la Fiscalía de la Justicia Penal Militar fue grabada por drones, que tienen la capacidad de enviar imágenes en tiempo real, actividad que fue realizada con normalidad.
El Fiscal de la Justicia Penal Militar, el general Marco Bolívar, le manifestó a Semana los procesos que vendrían en contra de Feria y los demás uniformados involucrados en caso de que el expediente llegue a esa instancia.
“El Fiscal de la Justicia Penal Militar tiene la autonomía de analizar el caso y de tomar las decisiones que correspondan, eso es imputar o solicitar una preclusión, pero tiene que tomar algún camino, es decir, o va por la imputación o más bien arranca el tema de la investigación propiamente dicha. Si no ve elementos de juicio, pues puede solicitar una preclusión ante un juez de conocimiento con la participación de la Procuraduría, de las víctimas y por supuesto del indiciado”, precisó Bolívar al citado medio.
Y agregó: “Hay que tener en cuenta que dentro del esquema procesal figuran unos tiempos para que el Fiscal, o bien impute o bien precluya, pero lo que no es quedar esta investigación en el limbo, que no pase ni una ni la otra cosa. La ley determina un máximo de tres años para decidir si se imputa o precluye la investigación, igual como sucede en la jurisdicción penal ordinaria”.
Actualmente el caso se encuentra en la Corte Constitucional, tribunal que debe definir si el proceso se mantiene en la justicia ordinaria o pasa a la Justicia Penal Militar, como lo solicitó la defensa del coronel Carlos Feria.
El Fiscal 2203 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar, el teniente coronel Jhon Eduardo Niño, mismo que ordenó el operativo de este lunes 24 de junio, le manifestó a la Corte Constitucional del conflicto positivo de competencias, “que de facto ya se ha suscitado entre jueces de las dos jurisdicciones, caso que en reparto le correspondió al despacho del magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien tendrá a cargo definir dicho conflicto”.
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