Luego de que en la noche del viernes se reportara un ataque con un carrobomba en zona rural del corregimiento de Puerto Remolino, del municipio de Taminango, en el oriente del departamento de Nariño, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se solidarizó con los allegados de las tres víctimas mortales que dejó el atentado, en inmediaciones de la estación de Policía de la mencionada población.
“Condenamos la explosión de un carrobomba en el Remolino #Taminango #Nariño que dejó un auxiliar de policía y 2 civiles muertos; varios heridos y daños materiales a bienes civiles. Reiteramos a actores armados no estatales su obligación de respetar el #DIH y los #DH (sic)”, publicaron en la tarde del sábado 22 de junio la cuenta oficial de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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En el mismo hilo de la red social, solicitaron celeridad en las investigaciones de las autoridades para que el hecho violento quedará en la impunidad.
“Nos solidarizamos con las familias y amigos de las 3 personas muertas, con las personas heridas y con quienes sufrieron otros daños. Urgimos al Estado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil. @petrogustavo @mindefensa @gobnarino @ComisionadoPaz (sic)”, agregaron.
Finalmente, desde ese organismo expresaron su preocupación por la oleada violenta que está padeciendo el país, que no ha cesado desde mayo, luego de que el Gobierno Nacional declarara una “ofensiva total” en contra del grupo Estado Mayor Central (EMC), la que se considera como la mayor de las disidencias de las extintas Farc.
“El Estado en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad (sic)”, agregaron desde el organismo multilateral.
Precisamente la Alta Comisionada, Julliete de Rivero, también había expresado preocupación por los recientes hechos violentos en el país y con motivo del atentado en contra del padre de la vicepresidenta, Francia Márquez, insistió a la administración Petro recuperar la gobernabilidad.
“Es un momento para reflexionar sobre la situación que están viviendo poblaciones civiles en territorios bajo control o amenaza de grupos armados diversos que violan los derechos humanos y que le faltan el respeto a la población civil. (Se debe pensar en) la necesidad de que el Estado, en su conjunto: autoridades civiles y militares, trabajen conjuntamente para recuperar la gobernabilidad y la soberanía territorial para proteger los derechos humanos”, indicó la funcionaria.
En esa ocasión señaló que se debía seguir implementando en el país la política de seguridad humana e implementarla a todos los niveles, que debía ser complementada con la del desmantelamientos de los grupos armados ilegales.
“Colombia tiene la capacidad de cambiar esta situación y todas las autoridades del Estado en su conjunto deben implementar una nueva visión de seguridad. Que tiene como objetivo proteger la vida, a la población, a la niñez colombiana de reclutamiento que hacen estos grupos de niños niñas y adolescentes y a las mujeres de la violencia sexual que ejercen los grupos”, agregó.
Las autoridades en Nariño ofrecieron 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del atentado en Taminango y dejaron a disposición los números telefónicos 314587212, 3202975295 y 3202929924. Así como el correo electrónico denar.sijin.vcf@policia.gov.co en donde se espera que los ciudadanos puedan entregar, con confidencialidad, información que permita llevar ante la Justicia a quienes estuvieron detrás de los hechos violentos en ese departamento.
Las primeras hipótesis apuntan a que serían integrantes de la subestructura Franco Benavidez, del EMC, los responsables de atacar en esa población del suroccidente del país.
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