El presidente Gustavo Petro firmará pronto una ley que exime del pago de derechos de grado a estudiantes de pregrado de instituciones públicas pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera que supone el costo de un derecho de grado, que puede llegar a un millón de pesos, y garantizar que el logro académico no se vea limitado por motivos económicos.
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La senadora y ponente Ana María Castañeda explicó que esta medida es crucial para apoyar a aquellos estudiantes que, habiendo cumplido con todos los requisitos académicos, merecen graduarse sin enfrentar obstáculos financieros adicionales.
La implementación de esta ley se considera un avance significativo para el país en términos de equidad y reconocimiento a los estudiantes que han completado satisfactoriamente sus estudios. Al eliminar esta barrera económica, se promueve una transición más fluida hacia la vida profesional para los estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Esta legislación tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la educación superior y su culminación, asegurando que los estudiantes de sectores más desfavorecidos puedan obtener sus títulos sin enfrentar dificultades económicas que puedan truncar sus aspiraciones académicas y profesionales. De este modo, se pretende fomentar una mayor inclusión y equidad en el sistema educativo colombiano.
Ley estatutaria de educación se hundió por falta de tiempo: María José Pizarro
El trámite de la ley estatutaria de educación concluyó a un día de finalizar periodo legislativo, cuando por falta de tiempo para discutir el proyecto, se hundió.
Este evento marca el final de una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro, aspiración planteada desde el Ministerio de Educación, en cabeza de Aurora Vergara, que pretendía asegurar la educación como un derecho fundamental, abarcando desde la primera infancia hasta la educación superior.
La iniciativa, que estaba en el centro de la agenda legislativa del Gobierno, tenía como objetivo mejorar la cobertura, calidad y relevancia del sistema educativo colombiano. La reforma proponía un cambio significativo al interior de la legalidad para garantizar que todos los colombianos tuvieran acceso a una educación de calidad. Según el Gobierno, esto era esencial para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social del país.
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La senadora María José Pizarro, ponente de la ley, confirmó la noticia del hundimiento del proyecto. La falta de acuerdos en el Congreso impidió que la ley avanzara en su trámite legislativo a puertas de concluir el periodo legislativo.
La legisladora destacó que esta decisión propicia que en el futuro se alcancen los consensos necesarios para debatir la iniciativa, pero que, por ciertas medidas, no fue apoyado. “Esto es lo que nos obliga a construir los consensos necesarios alrededor de este derecho fundamental, pero sobre lo fundamental tal vez se le colgaron demasiadas cosas”, dijo la senadora al noticiero CM&.
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