El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, le solicitó a la Gobernación de Caquetá reintegrar los recursos que fueron girados para la construcción de una nueva torre del Hospital Departamental María Inmaculada, por cuenta de las posibles irregularidades con la ejecución de los recursos.
Pese a que en enero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llegó hasta el departamento para oficializar la entrega de cerca de 90 mil millones de pesos, recientemente el director jurídico de la cartera Rodolfo Enrique Salas envió una carta al gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar para que devuelva el dinero.
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La disputa entre el Gobierno Nacional, el gobierno local y los contratistas y trabajadores surgió en Caquetá debido a la construcción inconclusa de una torre en el Hospital Departamental María Inmaculada. De acuerdo con el Ministerio de Salud, se estarían registrando posibles malversaciones de fondos.
“Habida cuenta que desde la fecha misma de expedición de la resolución que asignó los recursos a la ESE, se han venido presentado y avizorando presuntamente una serie de situaciones, cuando menos sospechosas, inciertas, inseguras y suspicaces, que motivan el presente requerimiento”, dice la carta.
Así mismo, el director indicó que al parecer, en la licitación para entregar el manejo de los recursos se estableció un pliego de cargos que presenta varias irregularidades. De acuerdo con el funcionario, aparentemente se establecieron requerimientos específicos para beneficiar a uno de los postulantes.
Además, en el documento se expuso que el Ministerio tuvo conocimiento de la situación gracias a las denuncias que hicieron distintos actores del departamento acerca de los posibles actos de corrupción.
“Se han presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social, sendas denuncias de diferentes actores de la región, relacionadas con posibles hechos de corrupción, en el trasegar del proceso precontractual derivado con la ejecución del mentado proyecto”.
Ante ese panorama, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su equipo legal han tomado medidas para recuperar los fondos, que actualmente están depositados en el Banco Caja Social de Florencia.
La solicitud formal se realizó el pasado 13 de junio y se estableció un plazo hasta el 17 de junio, es decir el pasado lunes, para la devolución del dinero, advirtiendo con acciones legales en caso de incumplimiento.
El gobernador dijo que no regresará un solo peso
Ante la solicitud del Ministerio de Salud el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, indicó a través de sus redes sociales que el departamento no regresará un solo peso.
“Los recursos de la construcción de la segunda torre del Hospital Departamental María Inmaculada ya se encuentran incorporados en el presupuesto de este hospital. No acataremos la solicitud del @MinSaludCol ¡El Caquetá merece esta importante obra!”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario departamental que se ha visto envuelto en la polémica y que además tiene experiencia previa como gerente del mismo hospital, asegura junto con la gerente actual del hospital, Cindy Tatiana Vargas Lobo, que todos los procedimientos se han llevado a cabo con transparencia y legalidad.
A pesar de estas afirmaciones, el Ministerio de Salud mantiene su postura sobre la necesidad de devolver los fondos para garantizar su correcto uso. La gerencia del hospital y el gobernador han señalado presiones por parte del congresista John Fredy Núñez Ramos, argumentando que sus acciones en contra del proceso han generado inseguridad en la comunidad.
El curso de la disputa parece destinado a los tribunales, mientras tanto, la construcción esencial para la atención en salud en la región de Caquetá sigue en suspenso, afectando a miles de pacientes en una zona históricamente afectada por conflictos.
La construcción del hospital, un referente sanitario en la región desde su apertura en 1945, ha sido parte integral de la historia y los servicios de salud en Caquetá. Sin embargo, la ejecución del proyecto de ampliación aprobado a finales de 2023 ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo posibles desvíos de los fondos asignados y un proceso de licitación cuestionado.
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