En la mañana de este martes 18 de junio, la Contraloría General de la Nación oficializó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 1.624 millones de pesos contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el caso de pagos duplicados y triplicados que se hicieron desde su cartera a los funcionarios de nómina del Estado.
Según indicó el ente de control, los pagos adicionales fueron realizados erróneamente el 24 de noviembre de 2023 a 180.715 funcionarios públicos, y fueron gestionados a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación).
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En el caso, la Contraloría también vinculó al viceministro General, Diego Alejandro Guevara Castañeda, y otros cinco funcionarios de la cartera, como presuntos responsables.
Además, la decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, también incluyó como terceros civilmente responsables a cuatro compañías aseguradoras para garantizar la compensación por el perjuicio ocasionado.
Según informó la entidad, el proceso de responsabilidad civil se dio luego de que el Ministerio de Hacienda publicara en sus cuentas oficiales el error cometido en la plataforma, además de las declaraciones en diferentes medios que el ministro Bonilla hizo para aclarar el exagerado monto que habían sobregirado.
En total, fueron sacados del Presupuesto General de la Nación más de medio billón de pesos al pagar entre dos y tres veces más de los salarios de los funcionarios del Estado. Aunque la cartera inició toda una estrategia para conseguir regresar el dinero por medio de reversos bancarios, consignaciones voluntarias de los funcionarios y descuentos en nómina, lo cierto es que la Contraloría General de la Nación encontró un detrimento patrimonial de más de 1.600 millones de pesos.
Según indicó la entidad, solo fueron regresados a las cuestas nacionales un total de $663.755.200.394 de los $665.377.015.937 que se giraron inicialmente, “quedando un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó”, señaló la Contraloría.
De hecho, una vez se solicitaron las explicaciones correspondientes a la cartera, se señaló que el detrimento patrimonial se dio como causa de las dificultades para cobrar el dinero a varios miembros de las Fuerzas Militares. “El Ministerio de Hacienda argumenta que una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro porque varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados”, se indicó.
Sin embargo, la Contraloría señaló que en el proceso de recuperar el dinero se encontraron diferentes falencias en algunos sistemas que imposibilitó el cobro retroactivo, como errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, errores en el sistema general y la falta de observación a las alertas.
Los involucrados en el proceso
Una vez dio la Contraloría informó sobre la responsabilidad fiscal del Ministerio de hacienda, también entregó un listado completo de los funcionarios que podrían haber cometido faltas para recuperar el dinero público del Estado.
La lista la lidera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acompañado del viceministro, Diego Alejandro Guevara. Además, también se encuentran vinculados Julio Ernesto Ochoa Hernández, asesor del despacho del viceministro, y Laura Ximena Duarte, del grupo de pagos y cumplimiento de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público.
En el listado también se encuentran:
- Jorge Alberto Calderón Cárdenas, quien obró como subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público.
- David Fernando Morales Domínguez, quien obraba como asesor del despacho del viceministro y Administrador del SIIF Nación.
- Wilson Alejandro Rojas Sandino, quien fungió como asesor de la Administración del SIIF Nación del Viceministerio General y soporte funcional al Tesoro en Proceso de Pagos.
Además, la Contraloría General de la Nación también realizó una auditoría con el fin de determinar el valor por concepto de intereses que pudo perder el Ministerio de Hacienda al incurrir en el pago doble y triple a los funcionarios, encontrando que “el Estado dejó de percibir un valor calculado de $1.643.727.124 por los intereses que el Banco de la República liquida diariamente, sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional”, por lo que también se analizan futuras repercusiones fiscales y disciplinarias.
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