La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la acusación en contra de la exrepresentante a la Cámara por la Guajira María Cristina Soto de Gómez, del Partido Conservador, por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Lo que inquieta en este caso, es que Soto es la madre del actual representante a la Cámara Juan Loreto Gómez, protagonista de varios escándalos durante su gestión. Debido a esto, la Procuraduría abrió una indagación por la presunta conducta disciplinaria en que pudo incurrir tras el hallazgo de 175 cartuchos de munición en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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De acuerdo con Semana, referente a la exrepresentante Soto de Gómez, la Sala de Instrucción tomó la decisión de señalarla por “condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, como coautora de los delitos de corrupción de sufragante en modalidad continuada, falsedad en documento privado y fraude procesal, en concurso; en concurrencia con la causal de mayor punibilidad prevista en el artículo 58, numerales 9 y 10 de la Ley 599 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
El proceso contra la excongresista inició en la Fiscalía Tercera Seccional de Patrimonio Económico de Riohacha, La Guajira, luego de que una fuente anónima alertó sobre irregularidades en cuanto a una presunta compra de votos en su campaña para la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022.
El proceso que lleva el magistrado César Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene relación con las irregularidades que se habrían presentado en la contienda electoral. Al parecer, la exrepresentante habría pactado pagos para crear una supuesta red de compra de votos.
El caso lleva una línea muy similar al de la condenada excongresista Aida Merlano, que habría creado un centro de corrupción para la compra de votos en una sede llamada ‘Casa Blanca’ en Barranquilla. Uno de los que terminó salpicado en ese momento fue Arturo Char, de Cambio Radical, que por ahora sigue detenido en un batallón militar mientras su proceso avanza por presunta compra de votos y concierto para delinquir.
No obstante, en la situación que está Soto de Gómez, la Corte también investiga la presunta entrega de información falsa que habría hecho a las autoridades electorales sobre los ingresos y gastos de su campaña.
La exrepresentante a la Cámara enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir, porque para la Corte, tuvo conversaciones con varios líderes sociales y políticos de La Guajira para atentar contra los mecanismos de participación democrática, con el propósito de salir electa. En ese proceso fueron mencionados líderes como: Simón López Martínez, Ades Alberto Aramendis Gómez, Joel Blanchar Plata, Blas Antonio Quintero Mendoza, entre otros.
Respecto al delito de corrupción al sufragante, el alto tribunal manifestó que para finales de 2017, la excongresista por la Guajira habría hecho entrega de dineros a diferentes personas influyentes de la región, para así comprometer los votos a su favor.
Referente a la acusación por falsedad en documento privado, tiene relación con la información que le entregó al Fondo de Financiación Política del CNE sobre la financiación de su campaña electoral.
“La información suministrada, con el aval de la gerente y contadora de la campaña, podría haber consignado en el formulario 5.2B contribuciones y donaciones en dinero, como las realizadas por el propio esposo de la entonces candidata, así como por el señor Joel Blanchar y la señora Yolima María Silva Brito, en el caso de los dos últimos, donaciones por 16 y 20 millones de pesos respectivamente, sin que al parecer esas situaciones resulten compatibles con la realidad”, puntualizó la acusación que impuso la Corte Suprema, según el medio mencionado.
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