Según estadísticas reveladas por el Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, el homicidio intencional experimentó una disminución del 2,3%, mientras que las masacres disminuyeron significativamente en un 29%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, se registró un aumento del 15% en las lesiones personales.

Por otro lado, los delitos contra el patrimonio mostraron una tendencia a la baja, incluyendo el hurto a personas, comercios y residencias. Sin embargo, la extorsión aumentó en un 28%, mientras que el secuestro disminuyó en un 32%.

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La situación más crítica, sin embargo, se encuentra en las afectaciones humanitarias que dan cuenta del clima de violencia en los territorios; algunas han arrojado resultados desfavorables. Por ejemplo, con respecto a los cinco primeros meses del 2023, este año ha habido un incremento en el desplazamiento individual y masivo, pasando de 22.332 casos a 28.901 en mayo de 2024.

En esa misma línea, las amenazas individuales también experimentaron un aumento alarmante del 366% y el confinamiento incrementó en un 62,7% en comparación con el año anterior: pasó de 19.770 casos en 2023 a 53.065 en 2024.

En contraste, se observa una disminución notable en el reclutamiento, vinculación y utilización de menores, así como en los enfrentamientos entre actores no estatales. Sin embargo, estos logros contrastan con el aumento en otras áreas de afectación a la seguridad de la ciudadanía.

Aunque Cali disminuyó los homicidios a mayo de 2024 con respecto a 2023, la capital del Valle, junto con Cartagena (Bolívar) y Santa Marta (Magdalena) lideran la lista de las ciudades con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al delito de extorsión, Quibdó (Chocó), Barranquilla y Soledad (Atlántico) son las que más casos presentan en relación con el número de habitantes. No obstante, el incremento en este delito en la capital colombiana es alarmante con más del 137%, lo que revela un problema de bandas criminales que siguen actuando en contextos urbanos.

Finalmente, el desplazamiento forzado, los ataques a la población civil, las acciones armadas y la restricción para acceder a ciertos municipios se ha incrementado hasta un 14.000% en zonas azotadas históricamente por el conflicto armado, como el suroccidente del país, la región del Magdalena Medio y el Catatumbo; estas son las zonas que más lejos se encuentran de los servicios del estado.

Un informe publicado recientemente por la Defensoría del Pueblo indica que todos los grupos armados ilegales han aumentado su presencia en el país. En 2023, la entidad emitió 39 alertas tempranas, de las cuales 2 fueron de carácter nacional y 37 focalizadas en áreas específicas. En lo que va de 2024, se han emitido 13 alertas tempranas focalizadas para 18 departamentos, 89 municipios y 15 áreas no municipalizadas.

De acuerdo con la misma Defensoría, uno de los principales desafíos es la necesidad de asignar presupuestos adecuados para implementar efectivamente las políticas de prevención y protección a quienes son amenazados. Es esencial fortalecer el equipo de profesionales de la secretaría técnica de la CIPRAT, cuya capacidad de respuesta y coordinación está limitada ante los numerosos escenarios de riesgo y las diversas acciones requeridas.

Además, la limitada capacidad de los entes territoriales para responder rápidamente a las alertas tempranas afecta la eficacia de las acciones en los espacios donde se analizan riesgos para la población civil. Esto aumenta la vulnerabilidad de las comunidades afectadas y pone en evidencia una falta de coordinación entre los niveles nacional y territorial, lo que impide una respuesta oportuna y efectiva para superar las vulnerabilidades socioeconómicas que incrementan el nivel de riesgo.