Debido a la crisis que se está presentando en el sistema de salud, el movimiento social Pacientes Colombia, conformado por 198 organizaciones de pacientes, solicitó a la Corte Constitucional declarar un estado de cosas inconstitucional (ECI). De esta manera, la guardiana de la Constitución podría emitir órdenes a diferentes autoridades y entidades para superar la situación.
“Instamos también respetuosamente a la honorable Corte en optar y/o considerar la declaratoria de un ECI de la salud en Colombia que permita acciones más contundentes a dicha crisis así como la necesidad de poder reunirnos bajo audiencia y seamos escuchadas todas las partes”, detalló el movimiento en la carta pública, sumándose al llamado que ya hicieron la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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La problemática situación en el sistema de salud se ha evidenciado en la intervención forzosa de algunas EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la solicitud voluntaria de salida del sistema de otras entidades promotoras. Estas EPS han mostrado problemas financieros serios que el Gobierno nacional busca solucionar o que las mismas entidades consideran como suficientes para dejar de operar.
De acuerdo con el defensor del Pueblo, las dificultades son claras también en la atención que reciben poblaciones específicas en Colombia. “La crisis va más allá de la Ley 100 de 1993. El subsistema del Magisterio y el de la fuerza pública, por ejemplo, atraviesan serios problemas, especialmente en las zonas más alejadas y dispersas del territorio colombiano, donde se evidencian cada día más barreras y obstáculos en la prestación de los servicios, así como en el acceso a medicamentos y tecnologías”, precisó el funcionario, citado por la Defensoría.
En la carta compartida por Pacientes Colombia se cita a la procuradora Margarita Cabello, que expuso otras problemáticas que han impedido que los afiliados al sistema de salud cuenten con una atención efectiva. Indicó que hay desabastecimiento de medicamentos, falta de recursos, retrasos en el giro del dinero destinado a la salud, fallas en la metodología con la que se calcula la unidad de pago por capitación (UPC), utilización de recursos para otros programas y la ineficacia de las intervenciones a las EPS.
En ese sentido, se estaría evidenciando una violación a los derechos de los colombianos. De hecho, ese es uno de los factores que determina la declaratoria de cosas inconstitucional: la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales.
La procuradora dio un ejemplo de otros escenarios en los que se ha utilizado esta decisión de la Corte: “El ejemplo de cárceles es uno en donde la Corte ha determinado sobre un mismo derecho varios estados de cosas inconstitucionales; y otro ejemplo han sido dos pronunciamientos en ese mismo sentido, frente a las graves afectaciones a los derechos a la vida de los líderes y lideresas sociales y de las personas defensoras de derechos humanos”, indicó la funcionaria, en conversación con El Tiempo.
A pesar de las falencias, el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, aseguró en un debate de control político llevado a cabo en la Comisión Séptima del Senado de la República que el Gobierno nacional ha cumplido con todos los pagos. Explicó que los giros por concepto de UPC se han hecho de manera anticipada y que, además, se han determinado incrementos que superan la inflación.
No obstante, la situación puso en alerta a políticos, profesionales y de la salud y pacientes, siendo estos últimos los que insisten a la Corte Constitucional que declare un estado de cosas inconstitucional. “Es claro que la figura del ECI hace que pueda darse un camino en el cual se va más allá del derecho y las órdenes judiciales que como bien conoce la honorable sala el nivel de cumplimiento no es ni ha sido el mejor y que muchas no superan la tecnicidad, podrían tomarse medidas que se aterricen más a la necesidad y realidad social de este nuevo contexto”, indicó el movimiento de pacientes.
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