El Consejo Nacional Electoral negó las recusaciones con las que se pretendieron apartar a varios magistrados de la investigación por presunta violación de topes electorales en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.
La Sala Plena rechazó las recusación que se habían presentado en contra de Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Alba Velásquez a quienes se les atribuía posibles conflictos de interés, por los que no podrían ser parte de las decisiones en torno a la investigación contra el mandatario.
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De acuerdo con las recusaciones, Prada, al ser militante del Centro Democrático, no podía ser imparcial en la diligencia. Él es uno de los magistrados que tiene a su cargo el expediente que lleva el CNE por las diferentes denuncias radicadas de irregularidades en la financiación.
En el caso de Márquez y Velásquez, la petición fue por afinidad. Ambas magistradas fueron recusadas por representar a la coalición del Pacto Histórico, por lo que sostenían que no eran imparciales respecto al Gobierno nacional y el presidente, en caso de decidir respecto a las investigaciones adelantadas por el CNE.
En el estudio de las recusaciones, la autoridad electoral decidió rechazarlas por infundadas, lo que permite mantener la competencia de los y las magistradas para el estudio de la investigación y correspondientes determinaciones que se tomen sobre la campaña de Petro.
La decisión cierra la posibilidad de convocar conjueces para votar las ponencias del caso. Ese escenario solo sería posible si el Consejo de Estado se pronuncia de fondo acerca de la posesión del magistrado Altus Alejandro Baquero, debido a diferentes interpretaciones sobre el cálculo de la experiencia profesional, que podría llevar a apartarlo del cargo.
Otra determinación clave que tomó la sala plena del CNE este 5 de junio es que no cederá la investigación de la campaña a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quien había alegado que era el organismo competente para adelantar la indagación.
El CNE reafirmó su competencia para investigar la campaña del presidente, por lo que sería el Consejo de Estado el que deba definir en qué institución se debe llevar el expediente, de acuerdo al fuero presidencial y los pronunciamientos al respecto de las altas cortes.
La investigación de la campaña Petro Presidente
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente, detallaron que la campaña habría excedido los límites establecidos por 5.355 millones de pesos, según una ponencia radicada ante la sala plena del CNE con la plantean presentar cargos.
Prada y Ortiz precisaron que la violación de los topes de gasto se encontraría distribuida en la primera vuelta con 3.709 millones y en la segunda vuelta con 1.646 millones. Estos recursos, alegan, no fueron reportados de manera adecuada, según citó el medio Semana.
Entre los fondos posiblemente no declarados destacan aportes de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Unión Sindical Obrera (USO), ambos sindicatos presuntamente vinculados con 500 millones cada uno. Además, se consideró el testimonio de Omar Hernández, perteneciente a la red de criptomonedas Daily Cop, quien indicó que se habría aportado más de 2.000 millones para la campaña.
No obstante, la formulación de cargos por parte del CNE también implicó a Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol, así como a los auditores de cuentas María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Sin embargo, la tesorera Luz Aydeé Mogollón Alfonso fue excluida del proceso al considerarse que no estaba involucrada en la violación de los límites electorales.
El CNE aún debe tomar una decisión definitiva basada en los cargos presentados por los magistrados Prada y Ortiz, lo cual podría tener implicancias serias para la administración de Gustavo Petro y sus colaboradores más cercanos.
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