Élmer Fernández Velasco, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado el jueves 16 de mayo mientras transitaba por la importante avenida Ciudad de Quinto de Bogotá, de regreso a su hogar.
Este atentado ha generado preocupación dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debido a las amenazas recibidas previamente por Fernández Velasco.
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La semana anterior a su asesinato, el coronel (r) Élmer Fernández Velasco había sido amenazado mediante panfletos firmados por un individuo conocido como ‘Pedro Pluma’, quien le exigía cesar las requisas en el centro penitenciario.
Según Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), el grupo de presos conocido como Muerte a Guardianes Opresores (Mago) podría estar detrás del homicidio.
En una entrevista con Red+ Noticias, Robayo explicó que el grupo el Mago implementó lo que se conoce como ‘plan pistola’, dirigido contra funcionarios del Inpec. Según Robayo, el aumento de operativos contra bandas delictivas dentro de las cárceles intensificó las amenazas y la violencia.
Grupos como Oficina de Tuluá (La Inmaculada) podrían estar involucrados en estos actos violentos, según revelaciones de las primeras investigaciones.
Nicolás León, miembro de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que “los centros de reclusión y carcelarios no son espacios de resocialización, sino dinamizadores del crimen organizado”. Esta declaración resalta la compleja situación de seguridad dentro de las cárceles colombianas.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, lamentó el incidente y declaró una emergencia carcelaria debido al creciente número de atentados y amenazas contra funcionarios del Inpec.
En los últimos dos meses, se han registrado cinco atentados y diez amenazas, lo que subraya la gravedad de la situación. Las autoridades continúan investigando el caso para determinar los responsables y prevenir futuros incidentes violentos.
Traslado de cabecillas generó amenazas contra funcionarios del Inpec por parte de La Inmaculada
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció medidas drásticas para reubicar a líderes de la banda criminal La Inmaculada, trasladándolos a un centro especial de la Dijín. El objetivo es evitar que continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.
Esta decisión incluye la reclusión de al menos treinta integrantes de la organización en la Colonia Agrícola de Acacías en el Meta, tal y como mencionó el jefe de cartera. Entre ellos se encuentra Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, señalado por varios delitos graves, incluidas extorsiones y homicidios.
Según el ministro Velásquez, el traslado busca ejercer un control estricto y evitar que estas estructuras sigan afectando a comerciantes y ciudadanos del Valle del Cauca.
La medida, sin embargo, provocó reacciones inmediatas. Integrantes de La Inmaculada amenazaron con iniciar un “plan pistola” a partir del próximo 13 de mayo, según un panfleto divulgado por medios locales. En el documento, acusan al Inpec de opresión y anuncian acciones criminales más letales contra los funcionarios de la institución.
Oscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), expresó su preocupación y solicitó al Gobierno Nacional iniciar diálogos con este grupo para evitar nuevas muertes de dragoneantes. “Hay que utilizar el diálogo y la concertación como se ha generado con otras organizaciones delincuenciales para acabar con esta ola de violencia”, declaró Robayo a Blu Radio.
Adicionalmente, trabajadores penitenciarios pidieron refuerzos en la seguridad de los centros de reclusión, recordando los recientes atentados contra dos dragoneantes en las cárceles de Buga y Tuluá el 9 de abril. El Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, hasta ahora se ha mostrado firme, negando negociar con la banda.
Un reciente panfleto atribuido a La Inmaculada y firmado por alguien que se identifica como ‘mago’ amenazó de muerte al director de la Cárcel de Palogordo en Girón, capitán Eleasid Durán Sánchez, y otros guardianes del Inpec. Las autoridades creen que las amenazas están relacionadas con acciones antiextorsión emprendidas por la entidad.
El veedor de derechos carcelarios de Santander, Hernando Mantilla, condenó el incremento de las actividades extorsivas desde los pabellones de Palogordo, afirmando que los internos a menudo responden con intimidación ante mayores controles ejercidos por el Inpec.
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