La polémica en torno a la rectoría de la Universidad Nacional intensificó debates en el ámbito educativo del país. El Ministerio de Educación, a través de la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, dispuso que el Consejo Superior de la universidad convocara, en un plazo de 24 horas, a una sesión extraordinaria para designar a un nuevo rector o rectora.
Esta directriz gubernamental ha sido vista como una amenaza a la autonomía universitaria por diversos sectores académicos.
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La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) emitió un comunicado en el cual enfatiza que “la autonomía universitaria tiene carácter constitucional, pues el artículo 69 establece que las universidades definirán sus directivas y se regirán según sus propios estatutos”.
La Ascun también recordó pronunciamientos anteriores de la Corte Constitucional sobre este principio. “Nuestra Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de dicho principio universal, estableciendo tanto su definición, finalidad, sentido y alcance. En cuanto a su definición, señala en sentencia T-310 de 1999 como ‘(…) la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior’ Así mismo, en esta providencia define que ‘la autonomía universitaria es un principio pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su singularidad en el entorno’”, destaca el comunicado de la asociación.
Además, el comunicado de Ascun hace referencia a la sentencia C-220 de 1997, en la que la Corte Constitucional establece: “Las universidades del Estado son instituciones que para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político, en consecuencia, no pueden entenderse como parte integrante de la administración, o como organismos supeditados al poder Ejecutivo, ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos”, indicaron.
A su vez, puntualizó que la decisión de disponer mediante una resolución del Ministerio de Educación Nacional sobre la designación, así sea por encargo, de un rector de una Universidad en Colombia es “un claro ejercicio de control de tutela, el cual está proscrito por nuestra Constitución, por ser altamente vulneratorio de la autonomía. Menos aún, el control de tutela puede confundirse con las funciones de vigilancia que tiene el Ministerio de Educación”.
La asociación advirtió que esta situación no solo afecta a la Universidad Nacional de Colombia, sino que constituye un precedente peligroso para todas las instituciones de educación superior del país.
Solicitaron que el Ministerio de Educación Nacional “reconozca estas preocupaciones y tome las medidas necesarias para respetar la autonomía y gobernanza universitaria en Colombia, crisol del fundamento de la excelencia académica, la libertad de cátedra y la pluralidad de pensamiento en nuestras instituciones de educación superior”, concluyó Ascun.
Más exigencias a la autonomía
Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, solicitó respeto por el proceso en la Universidad Nacional y abogó porque las instituciones permanezcan libres de influencias políticas.
En su cuenta de X, (antes Twitter) Bernal afirmó que las universidades deben ser espacios que faciliten diálogos libres e inclusivos para alcanzar consensos que favorezcan al país.
“Sin autonomía universitaria, las instituciones quedan vulnerables a influencias políticas, económicas o religiosas, poniendo en riesgo el debate equilibrado y la libre expresión que son fundamentales para la creación, innovación y avance del conocimiento en las sociedades”, publicó Bernal.
José Ismael Peña, el rector designado por el CSU, apoyó la solicitud de Bernal y señaló que la vulneración de la autonomía universitaria es un preludio a la ruptura del Estado de derecho.
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