Hoy a la 1 de la tarde en la Plenaria de la Cámara de Representantes se desarrollará el último debate del proyecto de ley cuya finalidad es prohibir las corridas de toros en el país.
El proyecto está enfrentando resistencia por parte de la bancada taurina en el Congreso, que en un intento por obstaculizar la aprobación de la iniciativa, ha recurrido a tácticas como la presentación de acciones de tutela y recusaciones contra congresistas y el ponente del proyecto.
Esta estrategia se revela como un último esfuerzo por dilatar el proceso y afectar la discusión del proyecto, que debe concluir su cuarto debate y entrar en fase de conciliación antes del próximo 20 de junio.
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Los congresistas detrás de la iniciativa, Esmeralda Hernández, Juan Carlos Losada, y Alejandro García Ríos, han hecho público su descontento ante estas maniobras, interpretándolas como un indicio de que los opositores a la prohibición de las corridas de toros son conscientes de su inminente derrota si el proyecto fuera sometido a votación.
Hernández, García Ríos y Losada denunciaron lo que consideran “el camino del juego sucio” adoptado por la bancada taurina, insistiendo en que tales acciones demuestran una falta de capacidad para defender la postura a favor de las corridas mediante argumentos y un debate constructivo. Según ellos, este comportamiento no solo busca dilatar la discusión, sino también “agotar el tiempo de trámite de la iniciativa”.
La bancada taurina, liderada por los representantes Christian Garcés, Ana Rogelia Monsalve, y Juana Carolina Londoño, interpusieron cinco tutelas ante la corporación para suspender el debate, y cinco recusaciones contra el ponente y otros congresistas encargados de la iniciativa. Esta postura ha sido interpretada por los autores del proyecto como una táctica para “paralizar la actividad legislativa” y evitar la confrontación directa de los argumentos en contra y a favor de las corridas de toros.
El ponente del proyecto, Alejandro García Ríos, fue objeto de recusaciones anteriores durante el tercer debate de la iniciativa, acusado de beneficiarse de recursos provenientes de organizaciones animalistas a cambio de su apoyo a la prohibición. En su momento, García Ríos rechazó estas acusaciones, llevando a la Fiscalía General de la Nación denuncias por injuria y calumnia contra los autores de tal afirmación.
Pese a estos obstáculos, Hernández, Losada, y García Ríos se muestran optimistas y confiados en la viabilidad temporal del debate, haciendo hincapié en un fallo de la Corte Constitucional, según el cual las recusaciones contra un congresista no tienen “efecto suspensivo sobre el trámite del proyecto de acto o de ley”. Esta determinación legal asegura que el proceso legislativo puede continuar independientemente de las resoluciones sobre conflictos de interés que pueda emitir la Comisión de Ética.
Los congresistas han destacado su compromiso por avanzar con el proyecto, resonando con el descontento del 85% de colombianos que, según indican, se oponen a las corridas de toros. Esta iniciativa, vista como un avance hacia el reconocimiento de los derechos animales en Colombia, enfrenta una lucha contra el tiempo y las estrategias dilatorias de sus oponentes.
En los días previos al cierre de la legislatura el 20 de junio, el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Colombia simboliza un enfrentamiento más amplio entre tradiciones culturales arraigadas y el creciente movimiento por los derechos y la protección animal.
Este proyecto de ley, más allá de su contenido específico, refleja las tensiones presentes en la sociedad colombiana respecto al tratamiento de los animales y el lugar que ocupan las tradiciones en un contexto moderno y cada vez más consciente de la sensibilidad animal. La resolución de este debate legislativo podría marcar un precedente significativo en la legislación colombiana en torno a la protección animal y el respeto a la vida en todas sus formas.
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