
La investigación por parte de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se revisaron los dineros que ingresaron a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro en 2022, sigue generando divisiones en el país.
Por un lado, el primer mandatario defiende que la investigación y posibles consecuencias sobre la violación de los topes de campaña se trata de un intento de golpe de Estado blando para sacarlo del poder.
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Por ejemplo, en una de sus más recientes publicaciones en X, Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE “se burla del voto popular” y por eso la situación se debe entender como un golpe de Estado.
“Se llama golpe de estado y se burla del voto popular. Es la hora del pueblo”, aseguró Petro en la red social.

Pero, por otro lado, para la senadora María Fernanda Cabal, el golpe de Estado ya lo dieron desde el Pacto Histórico al haber ganado las presidenciales de 2022 con una campaña ilegítima encabezada por Gustavo Petro.
“Aquí el único golpe de Estado lo han dado usted y su partido con una campaña y elección ilegítima que violó los topes electorales”, comentó la senadora.
También, aseguró que las pruebas con las que el CNE está investigando a la campaña son concluyentes, por lo que no pueden pelear contra las matemáticas; aun así, el presidente tendrá el derecho de defenderse, tal como lo estipula la Constitución Política.
“Con las matemáticas no podrán pelear. Las pruebas son concluyentes, tienen el derecho para que se defiendan”, concluyó la senadora.

La investigación del Consejo Nacional Electoral
De acuerdo con las leyes colombianas, la persona que administre recursos de una campaña electoral y que exceda los topes o límites de gastos que establece la autoridad electoral, si es hallado culpable, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y deberá pagar una multa correspondiente al mismo valor de lo excedido.
Por tal motivo, cobra relevancia el anuncio del Consejo Nacional Electoral de una investigación a los recursos con los que se financió la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2022.

Y es que dos de los nueve magistrados del CNE fueron los responsables de presentar una ponencia con la que le solicitaron a la Sala Plena del organismo rector investigar los dineros que no se reportaron o que presuntamente excedieron el límite de gasto electoral.
En la solicitud, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada pidieron formular cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
En el caso de que la proposición reciba un voto positivo por parte de la Sala Plena, la investigación podría llevar tiempo para llegar a una conclusión, pero si prospera, podría resultar en la apertura de un caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto conduciría a un juicio de pérdida de investidura contra el primer mandatario y una investigación judicial contra Roa.

Por su parte, los magistrados que presentaron la ponencia fueron señalados por el oficialismo al acotar que, por ejemplo, Benjamín Ortiz tiene una marcada cercanía al Partido Liberal; como también que, presuntamente, habría ayudado a dilatar un caso a favor de César Gaviria, líder de la colectividad y opositor de Gustavo Petro.
En cuanto a Álvaro Hernán Prada, desde el Pacto Histórico se recusó al magistrado por estar supuestamente impedido dadas las declaraciones que realizó a través de sus intervenciones en la Cámara de Representantes y en la red social X, lo que consideraron como una falta de imparcialidad y, por lo tanto, una ausencia de garantías en el proceso en contra del primer mandatario.
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