El Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió la competencia para conocer en fase de juicio el caso conjunto 03 y 04, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia.
Esto significa que este tribunal inicia la etapa de juicio que conduce a la emisión de una sentencia contra ocho antiguos integrantes de la fuerza pública, que habrían participado en la ejecución de estos crímenes entre 1997 y 2007.
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En el marco de la investigación, los militares retirados aceptaron responsabilidad y fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad para la imposición de una sanción propia.
“En esta etapa del proceso judicial, la Sección asume así el estudio de la cuarta resolución de conclusiones, proferida el pasado 20 de marzo de 2024, sobre los hechos y conductas atribuibles a algunos miembros retirados del Ejército Nacional, que pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla 79, a la Brigada Móvil 11 y al Batallón de Contraguerrilla 26″, señaló la JEP.
Con esta decisión, el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias contra los siguientes involucrados en el caso:
- Mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo.
- Mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
- Coronel (r) Edie Pinzón Turcios.
- Soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.
- Sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco
- Sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo.
- Sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas.
- Coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa
En los casos de los coroneles (r) David Herley Guzmán Ramírez, excomandante del Batallón Contraguerrilla 79, y Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11, los otros dos comparecientes identificados como máximos responsables, que decidieron no reconocer verdad ni responsabilidad, sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y de ser hallados culpables, se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel.
Cabe destacar que durante esta investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP documentó tres patrones criminales cometidos por los militares que serán sancionados:
- Homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado.
- Homicidio de personas ajenas al territorio de Dabeiba, traídas bajo engaño desde Turbo, Medellín y otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales.
- Desaparición forzada, a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de campos santos municipales. En este caso, se trata de una práctica generalizada documentada en otras investigaciones que lleva la JEP.
¿Qué sigue ahora?
Una vez el Tribunal para la Paz asumió el conocimiento y la competencia para iniciar con la etapa de juicio, las y los magistrados que componen la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, empezarán a evaluar la correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas obtenidas, las calificaciones jurídicas realizadas, los responsables y la propuesta de la sanción.
Una vez recibida la resolución, la sección continuará con el procedimiento de reconocimiento, asumirá competencia y procederá a: “(i) evaluar la correspondencia mencionada; (ii) verificar el cumplimiento de las condiciones de contribución a la verdad y reparación en el marco del Sistema; (iii) emitir sentencia, en donde impondrá la sanción propia y las condiciones de su ejecución”, indicó la JEP.
La sentencia e imposición de sanciones propias con contenido restaurador y reparador para las víctimas, y el componente de restricción de derechos y libertades para los comparecientes que será verificado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias, del que hace parte la Misión de Verificación de la ONU.
Esta es la cuarta resolución de conclusiones que asume para juicio el Tribunal para la Paz. El primero fue respecto del caso 01, que investiga la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las Farc, y las otras dos, en el caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, en los subcasos de Norte de Santander y la Costa Caribe.
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