Con la firma de escritura pública ante la Notaría 14 de Bogotá, José Ismael Peña se posesionó el jueves 2 de mayo como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia, para el periodo que se extenderá por cuatro años y en reemplazo de Dolly Montoya. Un acto considerado como polémico, toda vez que se hizo sin la firma de la ministra de Educación, Aurora Vergara, que se opuso a la determinación tomada.
Peña, que fue escogido por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 21 de marzo, en una decisión que desató una crisis interna al interior de la institución de educación superior, acudió ante la entidad notarial y plasmó su firma en el documento con el que legalizó, según indicó su entorno, su llegada a uno de los cargos más importantes del sector educación en Colombia.
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En la escritura 0676, como se filtró en redes sociales, el ingeniero de sistemas del claustro universitario, y cuenta dentro de su currículum académico con especializaciones en Filosofía de la Ciencia, Pedagogía y Gestión ágil de proyectos, tomó posesión, ante el despacho de ante el despacho de la abogada Érika Andrea Macías Cárdenas, y con los siguientes intervinientes, entre los cuales hay cinco miembros de CSU:
- Linda María Cabrera Cifuentes
- Miguel Roberto Farfán Rojas
- José Felipe Pete
- María Alejandra Guzmán Pardo
- Nohora Patricia Olaya Castillo
- María Elizabeth Montoya Ceballos
- Fernando Sánchez Torres
“Mediante el presente instrumento público, los comparecientes presentan para su protocolización, guarda y custodia en los archivos de esta notaría el documento de ACTO DE POSESIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”, se plasmó en la escritura con la que Peña pretendía posesionarse como nuevo rector del claustro.
Ministerio de Educación respondió con tutela a posesión de nuevo rector de la Universidad Nacional
Al respecto, el Ministerio de Educación, que no firmó las actas que avalan la elección de Peña como rector de la Universidad Nacional, confirmó que interpondrá una tutela contra este documento, toda vez que no lo consideran legal. El motivo está centrado en que ante la solicitud de conocer las grabaciones de las reuniones efectuadas por el Consejo Superior Universitario, no hubo respuesta alguna.
“No es cierta la afirmación de que es posible darle validez al acta de elección con la firma de solo cinco de los ocho miembros. No puede darse validez a un acta que, en concepto de este ministerio, no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones, constancias y sentido de las votaciones que se dieron en la elección, como lo define el artículo 20 del Acuerdo 019 de 2022″, indicó el ministerio.
En este orden de ideas, el ministerio invitó a los integrantes del CSU que, según ellos, “no encuentran reflejado el debate o las discusiones en el acta de elección y posesión”, abstenerse de firmarla hasta que el documento contenga, de acuerdo con la transparencia que debe imperar en estos casos, “todas las constancias que durante la votación se realizaron por parte de los miembros del Consejo”.
Para el ministerio, es claro que hubo un cambio no solo en la metodología de la elección, sino en las votaciones expresadas por parte de los consejeros, pues se esperaba la escogencia de Leopoldo Múnera, que había obtenido el apoyo del profesorado y estudiantado. Además, confirmó que existe una resistencia por parte de la Secretaría General de la Universidad, al parecer “sin justificaciones razonables”.
En otras palabras: para el ministerio este caso significa una ruptura, no solo del procedimiento efectuado, sino de lo que denominó el “principio democrático, la legalidad del proceso y la validez del acto mismo de elección”. Y rechazó que el acto de posesión se haya efectuado de forma alternativa a las definidas, por lo que hicieron un urgente llamado a respetar los canales institucionales vigentes.
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