La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al excontratista Jaime Blanco Maya para interrogarlo en el marco del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
La diligencia se llevará a cabo en dos sesiones los días 7 y 8 de mayo. Esos días, Blanco Maya deberá responder por los presuntos nexos de la multinacional Drummond con el paramilitarismo.
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Cabe recordar que Drummond, originaria del estado de Alabama (EE. UU.), enfrenta un lío judicial luego de que acusaran a varios de sus directivos de unirse con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para el asesinato de varios trabajadores sindicalizados de esa empresa.
Mediante decisión del 26 de noviembre de 2019, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP había aceptado el sometimiento del excontratista en calidad de tercero civil, en relación con el proceso penal en el que fue condenado por el homicidio de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya y en el que es investigado por el homicidio de Hugo Manuel Guerra Cabrera, todos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramineroenergética).
De acuerdo con la JEP, Blanco Maya actuó como intermediador en el financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ante el tribunal de paz, el compareciente ha rendido su versión de aporte a la verdad, con participación del Ministerio Público y de las víctimas.
Blanco Maya también se ha presentado ante la Comisión de la Verdad, órgano que también hace parte del Sistema Integral para la Paz.
En octubre de 2021, la JEP concedió al excontratista el beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y concluyó, en relación con su aporte de verdad, que “la narrativa del señor Blanco Maya es detallada y exhaustiva en relación con su aporte de verdad sobre su rol “como intermediario en el financiamiento del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC por parte de la multinacional Drummond” y, además, porque “superó el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria”.
La versión de Blanco Maya resultó útil para la investigación que adelanta la JEP, “al señalar otras empresas que presuntamente tenían una relación de contraprestaciones con las AUC, al igual que a distintos directivos de la multinacional y otras personas comprometidas en tales actividades”.
El curso de la investigación en la justicia ordinaria
En enero de 2024, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió investigación contra 72 individuos, acusados de tener vínculos financieros o apoyar estructuras paramilitares en la zona norte de Colombia.
La investigación y el llamado a juicio que anunció el ente acusador, se fundamenta en cuatro expedientes que revelan una conexión entre destacados empresarios y ganaderos de la región y el financiamiento de actividades paramilitares, tal como lo indicó Salomón Strusberg, director de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, en declaraciones a Noticentro 1 CM&.
Entre los señalados se encuentran el presidente y el expresidente de la multinacional Drummond, reconocidos empresarios vinculados al bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), patrocinadores del bloque Calima, y ganaderos acusados de participar en el desplazamiento forzoso de más de 844 personas.
“Creo que hay casos muy importantes, como el de la multinacional Drummond, que financió el frente Juan Andrés Álvarez, de las Autodefensas; hay casos muy importantes, como el de los desplazamientos ocurridos en la cuenca ribereña de Curvaradó y Jiguamiandó, más de 800 víctimas fueron desplazadas para montar allí proyectos productivos de siembra de palma africana”, dijo Strusberg al medio ya citado.
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