Un juez con función de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 55 años, quien habría aceptado dinero a cambio de una menor de 13 años perteneciente a la comunidad Wayuú, con el fin de convertirla en su pareja sentimental.
De acuerdo con la investigación, se evidenció que en enero de 2023 el sujeto identificado como Orlando Meza Quiñones, que ejercía como agricultor de Aratoca (Santander), viajó a la ranchería La Loma en Riohacha (Guajira), en donde al parecer escogió a la menor y realizó el pago de $7 millones.
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“Se comprobó que había pagado la suma en efectivo a los familiares de la menor, residentes en La Guajira. Luego trasladó la niña hasta su residencia en Santander, donde abusó de ella”, señaló el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante de la Policía en Santander.
Posteriormente, en el mes de septiembre de ese mismo año, la menor fue llevada a la vereda Clavellinas, en dicho municipio, para cumplir con el compromiso adquirido. Desde ese momento la menor empezó a cumplir el rol como su compañera sentimental.
El sujeto fue capturado, gracias la labor de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Comisaria de Familia de Aratoca, cuando se movilizaba por una vía pública de San Gil. En medio del procedimiento, las autoridades restablecieron los derechos de la menor quien quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
El hombre fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que no fueron aceptados por el agricultor.
En Colombia, el 17% de las uniones entre parejas involucra menores de edad
La Plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó, el martes 30 de abril, dos proyectos de ley enfocados a erradicar matrimonio infantil y reconocer violencia vicaria en Colombia.
Esta noticia marca un paso más en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que, según la organización Alianza para la Niñez: “Las consecuencias del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas son especialmente graves para las niñas, quienes son víctimas de violencias físicas, psicológicas, sociales y económicas”.
El Comité de los Derechos del Niño y el Comité Universal de Derechos Humanos han recomendado a Colombia prohibir el matrimonio infantil, antes de los 18 años, reiterando en múltiples ocasiones que es una práctica nociva y que acarrea graves consecuencias a la niñez.
En el territorio nacional, el 17% de las uniones entre parejas involucra a niñas y adolescentes de entre 13 y 19 años, quienes, en promedio, 8 de cada 10 son mujeres. Este número se ha mantenido constante desde el año 2000. En muchos casos de matrimonio infantil, hay trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, lo que constituye un factor agravante de todos los perjuicios físicos, psicológicos y económicos.
Actualmente, el Código Civil colombiano establece en su artículo 117 que: “Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales”. Esta medida no es penalizada o vista como práctica nociva que afecta la vida y que expone a múltiples formas de violencia especialmente a las niñas y las adolescentes.
“Esto permite evidenciar la naturalización de este fenómeno en Colombia, en las que están arraigadas normas sociales y de género a relaciones de poder desiguales que justifican y promueven el control sobre las decisiones de niñas y adolescentes”, aseguró Alianza para la Niñez.
Las uniones tempranas y los matrimonios infantiles han sido normalizadas en nuestra sociedad, pues más de la mitad de las niñas entre 10 y 14 años (53%) que dieron a luz en 2020 se encontraban en este tipo de uniones; y, de acuerdo con proyecciones poblacionales del DANE, en 2022 más de 32.000 niñas entre 10 y 14 años se encontraban en un matrimonio y/o unión infantil temprana forzada en Colombia.
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