La Procuraduría General de la Nación levantó serias advertencias sobre la implementación -aparentemente apresurada- del nuevo modelo de salud destinado a los docentes públicos de Colombia.
A través de un comunicado, el ente de control criticó la presunta falta de preparación y claridad en aspectos cruciales como la contratación y la logística
A un solo día de su puesta en marcha, se vislumbra un panorama incierto para cerca de un millón de educadores que dependen del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según el Ministerio Público.
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“La transición del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag- está cargada de enormes dudas en contratación, logística, presupuesto e infraestructura”, indicó la Procuraduría.
En detalle, la institución subrayó la ausencia de una Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud consolidada, componente esencial del nuevo esquema que busca minimizar la intermediación y ser supervisada por Fiduprevisora.
“La Procuraduría alertó sobre las graves inconsistencias operativas y en contratación que presenta el plan adoptado por el Gobierno Nacional (...) Para el Ministerio Público, empezando, la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo”, se advirtió.
Aunque este cambio propone tener 32 coordinaciones regionales, falta mucho para que esto se materialice, lo cual ha sido motivo de controversia. En ese sentido, la alerta de la entidad va más allá al evidenciar la carencia de definiciones en cuanto al personal requerido, el presupuesto destinado y la gestión de la infraestructura necesaria.
De la misma manera, el organismo de control alegó que, a través de la revisión de documentos no se conocieron “firmas de contratos ni capacitación de personal que operará el nuevo sistema, como tampoco hay claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos”.
Otras inconsistencias que halló la Procuraduría
Un agravante es el incremento de costos, proyectado en un billón cien mil millones de pesos anuales que, comparado con el sistema anterior, plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del modelo.
“En cuanto al presupuesto, la Procuraduría cuestiona el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por cada año”.
Con esta preocupación, existe también una notable confusión en la diferenciación de los servicios médicos y administrativos, lo haría mucho más complejo el proceso de contratación que, en consecuencia, aumentaría el riesgo de ineficiencias o malversaciones.
Otro punto crítico señalado por la institución es la designación de la Fiduprevisora como “operador de la gestión del servicio, lo que podría poner en riesgo las reclamaciones de los usuarios ya que esta, por su naturaleza jurídica, es una entidad financiera y la Supersalud no podría hacer vigilancia y control sobre ella”.
Ahora bien, otro aspecto revisado por la Procuraduría fue la revisión del nuevo Manual de Contratación. Al respecto, reveló “riesgos de gran magnitud en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del nuevo modelo en salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios”.
Dicha situación, según la institución podría llevar a la nulidad de contratos y, además, podría en entredicho la protección del patrimonio público y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Ante este panorama, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, ha hecho un llamado urgente a las directivas para que revisen y ajusten el proyecto adecuadamente, “o de lo contrario la atención en salud de los profesores quedará en el limbo”.
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