
Luis Gilberto Murillo, canciller encargado de Colombia, marcó una postura del Gobierno frente a la población migrante venezolana durante su participación en la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Contrario a las especulaciones sobre la imposición de requisitos de pasaporte para estos migrantes, Murillo señaló el enfoque inclusivo de la actual administración.
En palabras del presidente Gustavo Petro, se desmintió cualquier plan de endurecer las condiciones para el ingreso de venezolanos a Colombia.
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“Es importante que los funcionarios de esta Cancillería, los funcionarios del sector de política exterior, los funcionarios y funcionarias del Gobierno entiendan que la filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante o que está en movilidad humana, sino facilitarles su acogida”, expresó Murillo.
El canciller encargado compartió su propia experiencia como migrante, la cual, indica, le proporciona una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentan las personas en esta situación. Dicha experiencia lo ha llevado a afirmar que el deber de un gobierno progresista, como lo es el suyo, “es priorizar la tranquilidad y dignidad de las familias migrantes”.
En este sentido, Murillo anunció la implementación de políticas orientadas a la reunificación familiar y la introducción de visas especiales de trabajo, y destacó el compromiso del gobierno con “garantizar los derechos de la población en movilidad a través de una política robusta”. Además, indicó que la agenda del gobierno incluye regularización migratoria, combate al tráfico y trata de personas, establecimiento de corredores humanitarios y campañas informativas para los migrantes.

Murillo también instó a otras naciones a seguir el ejemplo de Colombia en la creación de marcos regulatorios amables con los migrantes, haciendo mención específica a conversaciones con Estados Unidos y la Unión Europea para facilitar opciones legales de movilidad que prevengan rutas peligrosas.
Durante el evento, se dio a conocer la resolución 2996 de 2024, presentando la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones como un “espacio de participación abierto”. Este foro invita a colombianos residentes fuera del país o aquellos retornados o migrantes regulares interesados en temáticas migratorias a contribuir en el diálogo y diseño de políticas inclusivas.
Crónica de una resolución caída
Estas declaraciones del ministro Murillo se hicieron la misma mañana que el presidente Gustavo Petro, ‘echara para atrás’ una medida que endurecería las condiciones para que los migrantes ingresaran al país. Justo en el momento en que la Cancillería colombiana tenía todo preparado para publicar el borrador de resolución, exigiéndoles un pasaporte vigente, el presidente Gustavo Petro tomó una postura contraria.
En su cuenta de X, el mandatario desmintió la implementación de tal medida, declarando abiertamente: “Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”. La reconsideración de esta medida se da en un marco en el que las relaciones consulares y diplomáticas entre Colombia y Venezuela, tras ser restauradas en agosto de 2022, parecían haber allanado el camino para superar los obstáculos en la emisión de pasaportes para los venezolanos.

Para que la nueva resolución se convirtiera en ley, solo faltaba la firma del Presidente. Este borrador de resolución buscaba reemplazar la disposición 2231 del 9 de junio de 2021, emitida bajo el gobierno de Iván Duque, que establecía medidas para “facilitar el ingreso, tránsito, permanencia y salida del territorio colombiano, y como documento de identificación, para los nacionales venezolanos que portaran su pasaporte vencido”.
Sin embargo, el texto de la nueva propuesta de Cancillería establecía que era necesario presentar “ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.
En la justificación de este cambio, la Cancillería señalaba que, desde septiembre de 2022, con la reapertura de la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, se buscaba promover “la cooperación e integración en beneficio de sus ciudadanos, en especial en las regiones fronterizas”, considerando que las “circunstancias especiales que llevaron a la formulación de la Resolución 2231 del 9 de junio de 2021 se consideran superadas”. Horas después, el canciller llamó la atención de los trabajadores de la cartera que publicaron el borrador e indicó que no estaba al tanto de este.
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