
A pesar de la suspensión de la licitación del contrato de pasaportes, la expedición de los mismos sigue en curso. Este proceso está a cargo de la firma Thomas Greg & Sons debido a que Álvaro Leyva prorrogó el contrato por un año más, hasta octubre de 2024, bajo la figura de urgencia manifiesta; esta es una de las razones por las que es investigado por la Procuraduría.
Sin embargo, el tiempo se agota, pues han pasado seis meses y aún no avanza la licitación para la elaboración de pasaportes. En respuesta a esta situación, la Procuraduría General de la Nación ha enviado dos requerimientos de información en los últimos 15 días a la Cancillería, instándola a aclarar qué medidas tomará para garantizar el suministro continuo de ese importante documento.
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En los documentos enviados, la Procuraduría recuerda que el proceso de implementación de la licitación no puede exceder los cinco meses, y se recomienda que sea de al menos siete meses. Bajo estas condiciones, sería difícil cumplir con los plazos para llevar a cabo otra licitación sin contratiempos que garantice el servicio de pasaportes.
Específicamente la Procuraduría solicita los documentos de licitación de 2011, 2012, 2014, 2015 y 2019, según pudo conocer la revista Semana.
El canciller en funciones, Luis Gilberto Murillo, aún no ha respondido al primer requerimiento enviado el 10 de abril ni a la insistencia recibida el 19 del mismo mes. Entonces, la entidad realizará una nueva inspección a la Cancillería en busca de documentos que no han sido entregados hasta el momento, en los que se debe incluir detalles de la licitación.
Murillo afirmó durante un debate de control político en el Senado que los documentos firmados por Álvaro Leyva, que declaraban desierto el proceso de licitación, son válidos y se ajustan a la normativa, aunque la Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha expresado su desacuerdo.

El funcionario también se refirió a la nueva licitación para completar el proceso de otorgamiento de derechos y firmar el contrato para proveer este servicio. Esta se encuentra actualmente en fase de elaboración de pliegos; es decir, en borrador.
Ante la incertidumbre sobre el suministro de pasaportes en Colombia, la Procuraduría sigue presionando a la Cancillería para obtener respuestas claras sobre las medidas que se tomarán para garantizar este servicio esencial para los ciudadanos colombianos.
En este contexto, el canciller en funciones anunció el nuevo enfoque para la producción de pasaportes. Según conoció Blu Radio, este modelo, que se implementaría a partir de 2025, estaría a cargo de la Imprenta Nacional y dos socios estratégicos. Con esto, de acuerdo con la explicación del excandidato a la Cámara por Bogotá Juan Sebastián Jiménez, la Imprenta Nacional operaría bajo un régimen especial de contratación, para que a su vez esta subcontrate a dos empresas privadas seleccionadas directamente (una nacional y otra internacional).
Así fue que empezó el enredo de la licitación de los pasaportes

El pasado 13 de septiembre, después de múltiples complicaciones, la licitación que estaba siendo llevada a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el suministro, formalización y distribución de pasaportes finalmente fracasó. Tras varios aplazamientos de la adjudicación del contrato, con un presupuesto de 599.000 millones de pesos y se vio retrasada al menos en tres ocasiones, la Cancillería optó por declarar desierto el proceso.
Previamente, el trámite había sido detenido debido a denuncias que apuntaban hacia un presunto favoritismo hacia el actual contratista y único oferente: Thomas Greg and Sons. Fue en este momento cuando el entonces canciller, Leyva, decidió declarar nulo el proceso de licitación.
En aquel entonces, el canciller explicó que la decisión se fundamentaba en el principio de igualdad, ya que no se habían proporcionado “condiciones equitativas” para todas las empresas competidoras, lo que daba cierta “ventaja” a la firma Thomas Greg & Sons.
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