Francia Márquez reavivó la idea de Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente: “Es el pueblo el que toma la decisión”

Con el paso de las semanas, la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a la ciudadanía a una Asamblea Nacional Constituyente para permitir la aprobación de las reformas a la salud y las pensiones empezó a apaciguarse.

Sin embargo, la vicepresidenta Francia Márquez volvió a encender la iniciativa del primer mandatario, después de que asegurara que el pueblo colombiano debe tomar las riendas del país y ordenar a las células legislativas la aprobación de los cambios, además de reformar aspectos fundamentales de la Constitución de 1991.

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Así lo dejó claro en una entrevista concedida a El Espectador, en la que Márquez resaltó la importancia de adaptar la Carta Magna para proteger mejor los derechos mínimos de los colombianos, los cuales, según su perspectiva, han sido minados por modificaciones legislativas adversas en las últimas décadas.

“El presidente está invitando al pueblo a tomar decisiones sobre puntos básicos, como son la garantía de derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas”, afirmó la vicepresidenta, apoyando la idea de una consulta popular para escuchar al pueblo.

Según contó la vicepresidenta, la Constitución actual, a pesar de ser progresista en su origen, ha sufrido alteraciones que comprometen derechos esenciales como la salud, la educación y el acceso a un empleo digno, justamente las iniciativas que el presidente y su gabinete intentan modificar en el Congreso de la República.

“Desde 1991 hacia acá esa Constitución ha sufrido modificaciones que, a mi modo de ver, van desmontando los derechos básicos de los colombianos y las colombianas”, comentó, por lo que ve en la propuesta de una constituyente una oportunidad para reivindicar estos derechos y adaptar la legislación a las necesidades actuales de la sociedad colombiana.

“Yo sí veo necesaria la constituyente. Pero no se trata de modificar o de crear una nueva Constitución, porque la Constitución del 91 estableció principios rectores de una sociedad igualitaria, de una sociedad que camina hacia la dignidad y que precisamente debe caminar hacia la igualdad”, indicó Márquez al medio nacional.

Y es que el llamado a la constituyente por parte del presidente Petro y el apoyo de Márquez se excusan en la profunda desigualdad e inequidad en Colombia, por lo que han convertido la idea de restablecer los derechos al pueblo en una de las motivaciones centrales para revisar el marco constitucional existente y, dado el caso, avanzar en el cambio de la legislación actual.

Incluso, la vicepresidenta enfatizó en que Colombia se encuentra entre los países más desiguales del planeta, lo que se hace imperativa, según ella, una renovación en la garantía de derechos fundamentales. “En ese sentido, es necesario pensar en cómo se avanza en la garantía de los derechos de todos los colombianos y las colombianas”, señaló Márquez.

Este debate sobre la necesidad de una asamblea constituyente se da en un momento en que el Gobierno busca respaldo tanto en el Congreso como en las altas cortes para impulsar el paquete de reformas que incluye salud, trabajo y pensiones.

De hecho, la vicepresidenta defendió la propuesta del presidente argumentando que “la Constitución estableció que el constituyente primario es el pueblo”, lo que implica un mandato claro hacia la participación ciudadana en las decisiones relevantes sobre el futuro del país.

Pero es que la idea de Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional ha avivado el debate sobre las posibles instituciones de las ramas legislativa y judicial que pretendería saltarse para lograr su cometido. Sin embargo, desde la vicepresidencia, la idea se ve como una vía necesaria y viable para enfrentar los retos contemporáneos y asegurar un futuro más justo para Colombia.

Además, Francia Márquez recalcó que la propuesta del Ejecutivo sería coherente los principios rectores de la Constitución de 1991, enfocada en derechos fundamentales y la obligación del Estado de garantizar una sociedad igualitaria y digna.

“La misma creación del Ministerio de la Igualdad lo pensamos en términos de cumplir el mandato de la Constitución del 91″, explicó, refiriéndose a las políticas públicas como vehículo para materializar estas garantías constitucionales.