
En un reciente informe del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (CAIMI), se ha evidenciado un crecimiento del 9% en las filas de las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco. Este aumento se traduce en la incorporación de 314 integrantes al grupo armado, elevando el total a 3.859 combatientes en 2023, frente a los 3.545 reportados en 2022. Esta información pone en tela de juicio las afirmaciones del comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, quien había indicado que estos grupos se estaban desmoronando.
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Según la revista Semana, contrario a las declaraciones de Ospina, quien aseguró que “el Estado Mayor de las disidencias de las Farc está creando nuevos frentes, pero con la misma gente”, el informe de inteligencia militar destaca no solo un incremento numérico sino también una expansión territorial de las disidencias. Los mapas elaborados por Caimi muestran las nuevas zonas de operación de los hombres de Iván Mordisco, revelando cómo este crecimiento se ha traducido en una mayor capacidad para generar terror entre la población civil.
Con base en el informe obtenido por Semana, las disidencias de las Farc, específicamente la facción Jacobo Arenas, encabezan la lista con el mayor número de miembros armados, alcanzando un total de 1.577 combatientes. Le siguen otras fracciones importantes como Jorge Briceño, Bloque Gentil Duarte, Martín Villa, y Bloque Suroriental, demostrando una distribución y alcance considerable en el país. Este análisis de inteligencia contradice la visión de un desmoronamiento y, por el contrario, evidencia una estructura militar y de apoyo extensa y diversificada que opera en múltiples departamentos y municipios de Colombia.

La expansión territorial de estas disidencias ha sido notable, marcando presencia en nuevas áreas como Padilla (Cauca), La Paz y Manaure (Cesar), entre otros, abarcando un total de 20 departamentos, 147 municipios y 2.845 veredas. Esta presencia no se limita al control armado sino que se extiende a esferas del control político, social, cultural y económico en las regiones afectadas. Este alcance multifacético refleja una organización compleja que desafía la noción de un simple declive organizativo.
Otro punto de interés es la situación legal de varios capturados, quienes, bajo acusaciones de tráfico de drogas, específicamente cocaína, podrían enfrentar extradiciones. La red criminal vinculada a estas disidencias demuestra capacidades operativas significativas, gestionando recursos que sobrepasan los 900 millones de dólares en narcotráfico según reportes.
El reporte del Caimi del Ejército detalla que, de los 3.859 afiliados a las disidencias, una gran mayoría, 2.428, están activos en combate, mientras que 1.431 colaboran desde roles de apoyo, integrándose en las comunidades para labores de inteligencia. Esta diferenciación evidencia una estrategia organizada que va más allá del enfrentamiento directo.
Adicionalmente, el documento menciona que mientras la mayoría de los miembros se encuentran en Colombia, importantes líderes como Javier Veloza García, alias Jhon Mechas, y Gener García Molina, alias Jhon 40, están ubicados en Venezuela, lo que sugiere una dimensión internacional en las operaciones y estrategias de estas disidencias.

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y altos mandos militares han reconocido el fortalecimiento de grupos armados en el país, en contra de la perspectiva presentada por el comandante del Ejército, general Luis Ospina. De acuerdo con Velásquez, agrupaciones como las disidencias de las Farc de Mordisco, ELN y el Clan del Golfo han aprovechado los periodos de cese al fuego otorgados por el Gobierno para incrementar su poder, una realidad que también ha sido evidenciada por el aumento de actos violentos en varias regiones del país.
La discrepancia entre los análisis del Ministerio de Defensa y ciertas declaraciones militares se puso de manifiesto luego de que se reportaran ataques perturbadores por parte de las facciones refutadas, incluyendo un asalto con vehículo explosivo en Cali y el asesinato de un soldado en Cauca. Estos eventos, junto a la infiltración en el Putumayo que resultó en más bajas para las fuerzas armadas, han llevado a un llamado a la unificación de criterios dentro de la cadena de mando militar para afrontar de manera más efectiva la situación de seguridad nacional.

Además, un informe reciente elaborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado sobre un aumentado notable tanto en el desplazamiento individual cuanto colectivo en Colombia durante el 2023, llegando a extremos como un incremento del 1.000% en regiones como Putumayo. Según Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Cicr en Colombia, comunidades enteras se encuentran limitadas en su libertad de movilidad debido al miedo y la inseguridad primordiales en sus territorios. La información presentada sugiere un desafío significativo en la administración de la paz y seguridad pública por parte de las autoridades colombianas.
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