La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción impuesta a un juez municipal promiscuo del Tolima, quien fue suspendido en el ejercicio de su profesión por tres meses.
La decisión se basa en el hecho de que el juez ordenó la privación de la libertad de una mujer por cinco días, alegando que le había faltado el respeto como autoridad, sin proporcionar una motivación adecuada y fundamentada, como lo exige la ley.
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Según la Comisión, el juez en cuestión no realizó una evaluación apropiada de la situación de la mujer, quien era víctima de violencia intrafamiliar en un proceso penal. En lugar de ello, simplemente citó el artículo 44-1 del Código General del Proceso y las afirmaciones de la mujer, sin tener en cuenta su situación médica y el riesgo real al que estaba expuesta debido a los maltratos y la violencia que enfrentaba.
Como parte de la sanción, se ordenó al juez capacitarse en materia de derechos humanos de la mujer y en enfoque diferencial con perspectiva de género, conocimientos esenciales para todos los jueces en la aplicación imparcial de la justicia. Además, se dispuso que se remita una copia de la providencia a todas las autoridades judiciales del país para su conocimiento.
Esta decisión destaca la importancia de que los jueces actúen con imparcialidad y sensibilidad hacia las víctimas, especialmente en casos de violencia de género. La sanción impuesta busca garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas y se promueva una justicia equitativa en Colombia.
La decisión judicial debe estar suficientemente motivada, advirtió la corporación
La validez de una decisión judicial, sea cual sea su índole, radica en su adecuada motivación, afirmó la corporación judicial, subrayando que la falta de motivación suficiente constituye una falta disciplinaria cuando implica capricho o arbitrariedad, lo que torna irrazonable la decisión. Estos defectos pueden manifestarse en ausencia absoluta de motivación, motivación incompleta o deficiente, ambivalencia o contradicción en la motivación, o motivación falsa.
“La imposición de una sanción de arresto por parte del propio juez que presuntamente fue ofendido requiere de un cuidado adicional por parte del juzgador”, manifestó la corporación.
Aunque no sea inherentemente incompatible, esta situación demanda del juez una dosis extra de prudencia, imparcialidad y sabiduría práctica para garantizar que la decisión judicial preserve la dignidad de la justicia y asegure el normal desarrollo del proceso, evitando la utilización de los poderes correccionales con un ánimo de revancha inaceptable.
La comisión, considerando la especial situación de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, expresó su agradecimiento por su valentía al denunciar la conducta cuestionable del juez municipal. Esta denuncia permitió sancionar dichos actos y procurar que no se repitan en el futuro, resaltando la importancia de la participación ciudadana en la garantía de una administración de justicia justa y equitativa.
Abogado fue multado por insultar a juez en Sincelejo
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la multa impuesta a un abogado en Sincelejo, en el departamento de Sucre, por insultar a un juez del circuito. El abogado fue hallado responsable de faltar a los deberes consagrados en el Código General Disciplinario, lo que resultó en una multa equivalente a un salario mínimo.
El caso se originó a raíz de la negativa del juez a una solicitud de embargo y secuestro presentada por el abogado. En respuesta, el abogado dirigió varios escritos al juez en los que lo tildó de mentiroso, irrespetuoso y embustero. Además, lo acusó de realizar un “matoneo jurídico” para dilatar y entorpecer el proceso.
En uno de los escritos, el abogado se refirió al juez como “un adefesio jurídico, un monstruo jurídico que ha actuado de la forma más vil y descarada”, lo que resultó en la apertura de un proceso disciplinario en su contra.
Durante las audiencias de pruebas y calificación provisional, el abogado argumentó que siempre se había dirigido de manera respetuosa a las autoridades judiciales, pero que cuando evidenciaba un actuar arbitrario, consideraba necesario defender los intereses de sus representados.
La Comisión determinó que el abogado había incurrido en una falta disciplinaria, con elementos de injuria y temeridad según lo estipulado por la normativa vigente.
Esta decisión reafirma la importancia del respeto y la mesura en las relaciones entre abogados y jueces, así como el deber de los profesionales del derecho de mantener un comportamiento ético y respetuoso en el ejercicio de sus funciones.
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