El ministerio de Justicia confirmó hace algunos momentos que oficialmente iniciará el proceso de repatriación de presos colombianos que se encuentran cumpliendo una condena en centros penitenciarios del Ecuador.
De acuerdo con el jefe de la cartera, Néstor Osuna, inicialmente serán trece personas las que serán trasladadas al territorio nacional y después llevadas a diferentes cárceles del país.
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“Hemos considerado que inicialmente en este primer mes y en esta primera operación van a ser 13 las personas colombianas condenadas en cárceles ecuatorianas que van a ser repatriadas en los próximos días y que recibiremos en las cárceles colombianas”.
El ministro de Justicia afirmó que se está realizando un análisis de los establecimientos carcelarios en Colombia para determinar en cuáles serán reubicados los presos. La selección de estos centros penitenciarios se basará en la proximidad a las familias de los connacionales: “No necesariamente en las cárceles de Cauca y de Nariño, sino que van a ser distribuidos en las cárceles del país”.
Así mismo resaltó el ministro Osuna que la cifra inicial de 13 personas irá aumentando con el paso del tiempo, pero descartó que se lleguen a los 1.500 reos deportados que inicialmente propusieron desde el Gobierno ecuatoriano.
Es de resaltar que este proceso se desató con las polémicas declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de deportar a los reos colombianos que se encuentran en las cárceles del país, de acuerdo con el mandatario ecuatoriano la iniciativa se tomó como una manera de despejar las prisiones ante los problemas por hacinamiento y la creciente ola criminal en dicho país.
Tras los anuncios desde presidencia, así como los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia anunciaron la disposición del país para iniciar el proceso de repatriación de ciudadanos colombianos detenidos en Ecuador, en el marco del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves firmado entre las dos naciones el 18 de abril de 1990.
No obstante, resaltaron la necesidad de analizar individualmente cada caso de repatriación, enfatizando que se trata de un proceso personalizado, basado en criterios objetivos y sujeto al consentimiento del individuo encarcelado.
El presidente Petro desde que se inició la polémica ha sido enfático en señalar que Ecuador comprende que la repatriación no puede realizarse de manera inmediata, subrayando la importancia de respetar los marcos jurídicos de cada país para evitar complicaciones mayores.
Es de resaltar que desde un inicio de la situación ambas naciones demostraron voluntad para desarrollar de la mejor manera posible la solicitud realizada por el Gobierno de Daniel Noboa.
“Colombia y Ecuador expresaron su voluntad de dar cumplimiento a los acuerdos bilaterales en materia de repatriación de ciudadanos privados de la libertad y gestionar, de manera expedita y oportuna, las solicitudes para que las personas condenadas puedan cumplir sus sentencias en su país de origen”.
La crisis que se vivió en Ecuador
A inicios de 2024, Ecuador enfrentó una grave crisis carcelaria que captó la atención mundial. Las autoridades ecuatorianas tuvieron que recurrir a la intervención del ejército para recuperar el control de los centros penitenciarios, luego de que organizaciones criminales se hicieran con el dominio de diversas prisiones, tomando como rehenes a más de 150 personas entre guardias y personal administrativo.
La crisis se intensificó con múltiples escapes masivos de reclusos; en particular, en la prisión de Esmeraldas, donde 48 internos consiguieron fugarse, resultando dos de ellos muertos en la subsiguiente persecución. Asimismo, se reportó la fuga de seis prisioneros en la penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil.
La violencia escalaría dentro de las instalaciones penitenciarias a niveles sin precedentes, marcada por ataques y atentados atribuidos al crimen organizado. El presidente Daniel Noboa se vio en la necesidad de describir la situación como un conflicto armado interno.
Como medidas de contención, el Estado impuso un toque de queda que se extendía desde las 23:00 hasta las 5:00 horas, además de ordenar el despliegue militar en las calles. Este período de excepción culminó con la detención de más de 1.500 individuos, de los cuales 158 fueron acusados de “terrorismo”.
Aunque el estado de excepción declarado en enero llegó a su fin, el gobierno ecuatoriano optó por sostener la presencia militar tanto en las calles como en los centros carcelarios.
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