Presidente anunció operación anticontrabando, hay policías capturados: “Es uno de los mayores antros de corrupción”

Luego de que la Policía destituyera a un brigadier general señalado de trabajar por muchos años con estructuras criminales dedicadas al contrabando en el país, el presidente Gustavo Petro anuncio que esa acción hacía parte la operación más grande en la historia del país contra la corrupción y los vínculos de la Fuerza Pública con organizaciones delictivas.

Según el jefe de Estado, las mafias del contrabando son igual de poderosas a las de la cocaína, pues contaban con un músculo financiero equiparable y con la misma capacidad de corromper las entidades que deberían combatirla, como la Policía y las autoridades aduaneras.

“Estamos en la operación anticontrabando más grande en la historia del país. Las mafias del contrabando son las mismas del narcotráfico, poderosas financieramente entran centenares de contenedores de mercancía generalmente de origen en China y Asia oriental cada mes para lavar los dólares de la cocaína”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Según reveló Noticias Uno, la investigación contra brigadier general corrupto, cuya identidad no fue revelada, inició en 2018 desde cuando se percataron de que recibía altas sumas de dinero mensualmente por dejar pasar camiones cargados de mercancía ilegal en distintos sectores del país.

El medio citado indicó que el oficial había ascendido al grado de brigadier general en diciembre de 2023 y durante su trayectoria como coronel había ayudado a corromper a otros subalternos y hasta a superiores.

Al respecto el presidente Gustavo Petro dijo: “Han penetrado profundamente la política, la policía en sus más altos niveles y las instituciones de aduana y puertos del gobierno. El contrabando entra con sello oficial, por los puertos del país y usa las normas diseñadas para protegerlos en contra de la industria nacional. Este es uno de los mayores antros de corrupción”.

La investigación fue iniciada por el actual director de la Policía Nacional, general William Salamanca, cuando era director de Tránsito de la Policía y ordenó la investigación de las redes corruptas que involucraban a policías de Tránsito, aduaneros y judiciales, entre los que había diez coroneles, dos generales y más de cien policías de rangos menores en todos le país.

De acuerdo con lo expuesto por Noticias Uno, los uniformados de la Policía podían recibir coimas que ascendían hasta casi dos millones de pesos por dejar pasar los camiones con mercancía de contrabando.

En el desarrollo de las acciones contra los contrabandistas anunciados por el presidente Gustavo Petro, se dio la captura de alias el Bendecido, el segundo al mando de la estructura de contrabandistas más grandes del país, que controla el 80% de los ingresos de mercancía ilegal al país, lo que representa dividendos de más de ocho billones de pesos anuales, según dio a conocer la Fiscalía.

“Cuando hablamos de esta organización tenemos que decir cuánto dejó de percibir el Estado colombiano para fortalecer la salud y la educación: 8 billones de pesos, comprometidos alrededor de 3 puertos: Santa Marta, Cartagena y Buenaventura”, dijo en rueda de prensa la ex fiscal General (e) Martha Mancera.

En esa acción judicial fueron capturados tres policías, entre los que había un coronel retirado identificado como Alexander Galeano, que fue subdirector de Análisis y Evaluación del Riesgo de la UNP; el mayor activo Mario Sarmiento Rojas, piloto y exsecretario de un brigadier general de la Policía.

Así mismo, se identificó a un tercer policía como José Helí Alzate Moncayo que, según pudo conocer Infobae Colombia, es un subintendente de la Policía y está relacionado con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Al respecto, la exfiscal (e) Martha Mancera dijo: “Cuando hablamos del contrabando tenemos que decir que esta actividad no se hace con sólo particulares, sino que también se hace en su 90% para que se ejecute, con servidores públicos que se dedican de manera ilegal a no cumplir su función de lograr que todas las actividades realizadas sean transparentes”.