El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, contra la decisión del exsecretario general de la cancillería de adjudicar la licitación de los pasaportes a la empresa Thomas Greg and Sons.
El jefe de cartera confirmó la denuncia en la Comisión Segunda del Senado de la República, mientras comparecía a un debate de control político a raíz del escándalo por la licitación de los pasaportes.
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Y es que, en el debate de control político llevado a cabo por la Comisión Segunda del Senado de la República, centrado en la licitación de los pasaportes, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, expuso su posición en medio de la controversia generada por este proceso. Durante su comparecencia, Murillo criticó las actuaciones de José Antonio Salazar, quien en su momento como secretario de la Cancillería, firmó el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, catalogándolas de totalmente irregulares.
“El doctor Salazar expidió una serie de actos administrativos de manera irregular y una de las irregularidades es que no tenía el certificado de disponibilidad presupuestal sumado a otras y eso hace casi que muy inejecutable este tipo de contratos y ahí hay una falencia grande. El doctor Salazar en una cosa novelesca, dice que se va no sé a dónde, trabaja unos actos administrativos y los emite y son abiertamente irregulares”, dijo Murillo sobre el tema.
Además de señalar irregularidades, el canciller encargado Murillo reveló que las actuaciones de José Antonio Salazar, quien ocupaba el cargo de secretario en la Cancillería, fueron objeto de denuncias ante los órganos de control, es decir la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, así como la Contraloría. Esto se debe a que, en dichas actuaciones, podría haber elementos que impliquen responsabilidades de índole penal y judicial.
“Esos actos que se expidieron, que partieron de un hecho irregular, presuponen también conductas que infringen la ley penal y procedimos a darle traslado también a las debidas denuncias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General y ese es el proceso que estamos siguiendo”, comentó.
A partir de estas circunstancias, el canciller encargado afirmó que ha solicitado la suspensión del proceso de licitación y ha pedido la elaboración de algunos conceptos jurídicos para determinar cuál debe ser la actuación adecuada del Gobierno en este caso específico. Sin embargo, dichos conceptos jurídicos aún se encuentran pendientes de entrega.
“Pedí suspender eso, pedí los conceptos jurídicos del caso para unificar la posición de Gobierno a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, un concepto a la Secretaría Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente y estamos a la espera de esos conceptos, porque no queríamos apresurarnos a tomar decisiones que no estuvieran dentro de la estrategia jurídica de gobierno”, dijo el funcionario del Gobierno nacional.
Ante los retos identificados en el proceso de emisión de pasaportes, se ha programado una reunión clave para el 13 de marzo en la Contraloría. Dicho encuentro contará con la participación de la firma Thomas Greg & Sons y representantes de la Cancillería. La convocatoria, realizada por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, busca establecer un espacio de diálogo.
Las palabras del contralor en funciones, Zuluaga sobre la reunión fueron la siguiente: “Queremos hacer una mesa de trabajo el día miércoles a las dos de la tarde con el único propósito de revisar aquellos asuntos que le preocupan a la Contraloría en relación con las controversias y detrimento patrimonial que se pudiera generar en circunstancias relacionadas con el contrato”.
La reunión tendrá lugar tras las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, sobre la ausencia de intención del gobierno de proceder con la firma del contrato con Thomas Greg & Sons para la emisión de pasaportes.
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