El viernes ocho de marzo de 2024, se conoció que La Fiscalía General de la Nación procederá con la imputación de cargos contra Edgar Vega Gómez, coronel en retiro, por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos manifestantes durante los eventos de protesta ocurridos en el año 2021.
Cabe mencionar que para ese entonces, Vega ejercía como comandante operativo de la Policía Metropolitana en Cali. Este caso también implica a Daniel Galeano Pinzón, que se desempeñaba como comandante de una estación de Policía en el distrito, y quien enfrentará cargos por el mismo delito de homicidio agravado.
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La investigación en curso sugiere que bajo el mando del coronel retirado, los oficiales a su cargo habrían utilizado sus armas de fuego de forma desmedida contra los participantes de las distintas marchas. Es preciso destacar que los incidentes especificados tuvieron lugar el 3 de mayo de 2021 en la localidad de Paso del Comercio y el 17 de mayo de 2021 en Yumbo, áreas pertenecientes al norte de Cali. Dichas acciones llevaron a las autoridades a tomar medidas legales contra los implicados, poniendo en relieve los protocolos de actuación policial durante las manifestaciones.
El contexto en el que se inscriben estos sucesos comprende una serie de protestas generalizadas en el país durante el año mencionado, donde la respuesta de las autoridades fue objeto de escrutinio y crítica tanto a nivel nacional como internacional. Este caso reabre el debate sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de organismos de seguridad en contextos de movilizaciones civiles.
“El ahora imputado se desempeñaba como Comandante Operativo y Primer Oficial Administrativo de la Policía Metropolitana de Cali y por su cargo debía garantizar la seguridad en la ciudad”, explicó la Fiscalía, sin embargo, el oficial “no garantizó el derecho a la vida de los manifestantes”. De igual forma, las autoridades competentes continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles exactos de los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en los homicidios denunciados.
¿Cuáles son las pruebas de la Fiscalía?
Según informes técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación, los análisis indican que los disparos provenían del sector controlado por la Policía Metropolitana de Cali, cuya tarea era supervisar y, de ser necesario, reprimir las manifestaciones con equipo antidisturbios. A este respecto, se destacó una orden dada por el coronel Vega para la incursión de personal armado con fusiles y pistolas, lo que pudo haber contribuido a la falta de planificación y eventual improvisación de los agentes a su cargo.
La implicación del uniformado en los eventos viene a complicar aún más el contexto social y judicial de las protestas ocurridas en la capital del Valle, una de las ciudades con mayores manifestaciones y altercados durante el paro nacional. En agosto de 2022, a Vega se le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, en relación con estos acontecimientos. Asimismo, Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, enfatizó el papel del oficial retirado como comandante operativo durante las protestas, subrayando su responsabilidad en guiar adecuadamente a sus subalternos.
Adicionalmente, el coronel Vega, junto a otros miembros de las fuerzas del orden, como el teniente Néstor Mancilla y el patrullero Wilson Esparragoza, enfrentan acusaciones por el asesinato de seis personas en hechos separados ocurridos también durante el paro nacional. Mientras Vega se declaró inocente, las investigaciones lo encontraron culpable de homicidio agravado y lesiones personales. Por su parte, se señala a Mancilla de no haber evitado que su personal disparara, y a Esparragoza de matar a un joven en el sector de Puerto Rellena, haciendo uso de su arma reglamentaria.
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