La Fiscalía General de la Nación destapó la olla podrida durante la administración de Jhon Jairo Gómez Aguirre, por lo que fue enviado a la cárcel junto a cuatro funcionarios que trabajaron con él en su periodo de gestión (2019-2023).
El Juzgado Sexto de Control de Garantías de Tuluá ordenó medida de aseguramiento al exmandatario del corazón del Valle, pues se hallaron una serie de irregularidades en algunos contratos celebrados.
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Junto al exalcalde Gómez Aguirre, fueron enviados a la cárcel los exsecretarios de Gobierno Jorge Alexánder Gallego Chávez y Jhon Fredy López Cardona, la entonces secretaria de Hacienda, Eliana Andrea Bedoya Bueno, y el excontratista Javier Harrison Amaya.
“Se obtuvo abundante material de prueba que da cuenta de un sistemático e intencionado direccionamiento ilegal de contratos en la Alcaldía de Tuluá (Valle del Cauca), en el período 2019–2023″, indicó la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, reseñado por El Tiempo.
Los delitos por los cuales son investigados el exalcalde y los exfuncionarios son por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso. Mientras que al excontratista se le acusa de conceder contratos de manera irregular.
“Estas personas se habrían concertado y aprovechado sus cargos para orientar sin el mínimo cumplimiento de las normas vigentes contratos relacionados con la compra o abastecimiento de bienes y servicios de distinta índole, como capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y alimentación para los integrantes de la fuerza pública”, complementó la Fiscalía.
La Fiscalía añadió que fueron 25 contratos entregados de manera irregular a Harrison Amaya, que sería familiar del exmandatario municipal: “Se evidenció que los dineros desembolsados, al parecer, se destinaron para financiar la campaña del coronel (r) Gallego Chávez, quien aspiraba reemplazar al entonces alcalde”.
Agregaron que los exfuncionarios se habrían aprovechado de sus cargos para celebrar dichos contratos sin los requisitos mínimos de cumplimiento.
Los contratos, según la Fiscalía, estaban relacionados con la compra o abastecimientos de bienes y servicios, como capacitaciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y alimentación para los integrantes de la fuerza pública.
“Se acreditó que los hoy procesados habrían dispuesto de bienes de la alcaldía para realizar actos de proselitismo, y permitido que los funcionarios participaran en las concentraciones políticas del oficial en retiro”, agregó la Fiscalía.
El Tiempo reveló que durante la audiencia se especificaron las acciones indebidas que habría realizado y que hoy lo tiene en el ojo del huracán y en la cárcel.
El exmandatario habría ejecutado de manera indebida los contratos de la contratación pública, recursos y personal a su cargo, para favorecer la campaña política de uno de los candidatos a la Alcaldía de Tuluá, que resultaría elegido en los comicios de octubre de 2023. Por su parte, la entonces secretaria de Hacienda habría permitido estas acciones ilegales y el excontratista habría coordinado en la logística de la mencionada campaña política.
Cabe recordar que el pasado jueves 29 de febrero, los agentes del CTI de la Fiscalía dieron con la captura de exalcalde y los cuatro exfuncionarios: “Durante los últimos cuatro años adquirió un poder especial a través de un silencio cómplice de la administración saliente, que le permitió tener espacios al interior de la administración y que no desarrolló actividades para perseguir a los criminales ni los actos delincuenciales que estos ejercían. Entonces hoy esa banda criminal tiene los recursos para corromper cualquier sistema, el penitenciario, político, administrativo”.
El actual alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, responsabilizó a la anterior administración de la oleada de violencia en el municipio: “El anterior alcalde de Tuluá es responsable de la situación que estamos viviendo todos los tulueños y la que yo he vivido en carne propia en los últimos 18 meses. El exalcalde es responsable del crecimiento de esta estructura criminal. Permitió que ocuparan espacios que nunca antes habían tenido. Entonces, de manera directa o indirecta, el anterior alcalde de Tuluá es responsable”, expresó a Semana, en enero de 2024.
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