Militares en retiro se mostraron “indignados” por las asonadas en contra de la Fuerza Pública: “Afecta la moral institucional del país”

Un video de dos minutos bastó para que el presidente nacional de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Mitares de Colombia (Acore), general (r) Guillermo León, expresara su profunda indignación frente a los repetidos ataques contra la Fuerza Pública de Colombia.

Según comentó Guillermo León, en los dos primeros meses del 2024 la situación para las instituciones de defensa nacional se han visto gravemente afectada, con al menos nueve asonadas evidenciadas en contra de los militares, particularmente hacia el Ejército Nacional.

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Estos ataques, informó León, han ocurrido en distintas regiones del país, destacando con mayor frecuencia en el departamento del Cauca, zonas que simultáneamente enfrentan la presencia marcada de grupos armados y actividades ilícitas.

León detalló que estas asonadas serían una clara muestra de cómo la actividad delictiva se ha convertido en un mecanismo sistemático para minar la labor constitucional y el deber de los soldados y policías colombianos hacia la seguridad y estabilidad del país. Agregó que la situación se agrava cuando estos grupos delincuenciales, bajo el manto de acuerdos de cese al fuego con el Estado, intervienen en las comunidades, llegando al punto de realizar obras públicas y distribuir útiles escolares, entre otras actividades, intentando usurpar el rol de las autoridades civiles legítimas.

“El aprovechamiento de los ceses al fuego como un medio para ejercer control social y territorial en clara violación a los mismos, afecta la moral institucional de todo un país que día a día ve como quienes cooptan todos los territorios y la voluntad individual”, señaló.

El general en retiro también criticó con dureza la prohibición por parte de la Corte Constitucional de realizar actividades cívico-militares en zonas de conflicto donde hay presencia de menores, argumentando que mientras la fuerza pública enfrenta restricciones, los grupos armados no cesan en sus esfuerzos por “constreñir y adoctrinar” a los jóvenes colombianos.

“Esto demuestra que esta práctica delictiva es un instrumento sistemático contra la misión constitucional de los soldados y policías de Colombia y contra la criminalidad”, enfatizó, destacando la vulnerabilidad a la que se expone la niñez en estas áreas en conflicto.

Como parte de sus declaraciones, León subrayó la imperiosa necesidad de que el Gobierno nacional fortalezca el apoyo a la Fuerza Pública, otorgándole no solo apoyo moral sino también herramientas jurídicas y operacionales eficientes para enfrentar y contrarrestar las crecientes acciones criminales a lo largo y ancho del territorio colombiano.

“Es necesario que el Gobierno nacional brinde a la Fuerza Pública herramientas jurídicas y operacionales”, recalcó, haciendo un llamado directo a la colaboración interinstitucional para robustecer la seguridad interna del país y asegurar la protección de los ciudadanos frente a la creciente audacia y poder de los grupos armados y delincuenciales.

Las críticas al presidente Gustavo Petro y su Gobierno se dan apenas tres días después de que en el municipio de Cumbitara, ubicado en el departamento de Nariño, se presenta un conflicto donde residentes locales confrontaron al Ejército Nacional de Colombia.

Durante esta intervención, el 3 de marzo, los habitantes del área exigieron a las fuerzas militares retirarse del municipio, al parecer, inducidos por las disidencias de las Farc, específicamente de la estructura Franco Benavides del Estado Mayor Central, quienes presuntamente buscaban evitar la permanencia de la tropa en la región.

La presencia militar en Cumbitara tenía como fin realizar operaciones de control territorial para mitigar las actividades de grupos armados organizados y moderar las confrontaciones entre estos. El Batallón de Infantería N.° 9 Batalla de Boyacá fue específicamente el grupo señalado de estar en la mira de la comunidad bajo la sugerencia de las disidencias de las FARC.

Las tensiones escaladas llevaron a un intento de diálogo por parte de los uniformados, quienes enfatizaron su misión constitucional en la región, pero se enfrentaron con la firme oposición de los civiles.

Como respuesta a estos eventos, el Comando de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército también ha solicitado a las autoridades locales y gubernamentales tomar las medidas legales pertinentes ante los disturbios ocasionados por la población civil.

La instancia militar recalcó la importancia de no interferir en las operaciones que se llevan a cabo bajo deberes constitucionales, y destacó la necesidad de una colaboración armónica entre las instituciones del Estado y la comunidad para garantizar la seguridad y el orden público.