El nombramiento del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado de Colombia fue objeto de una demanda ante el Consejo de Estado.
La acción legal, interpuesta por el senador Jonatan Pulido (Jota Pe), de Alianza Verde, busca anular el decreto 0150, expedido por el presidente Gustavo Petro el 8 de febrero de 2024.
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Dicha designación está siendo cuestionada bajo el argumento de que existe una inhabilidad por una condena previa de Murillo relacionada con el delito de peculado.
El documento radicado por el senador Hernández se lee: “En calidad de senador de la República me permito radicar ante su despacho el medio de control de NULIDAD ELECTORAL de que trata el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo al haberse incurrido en la causal expresa del numeral 5 del artículo 275 del mismo código”.
Y se agrega “y que previos los trámites procesales se DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ENCARGO, DECRETO 0150 DEL 8 DE FEBRERO DE 2024, expedido por el presidente de la República”.
El conflicto surge tras las declaraciones de José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, quien fue cesado de sus funciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato. Salazar sostiene que Murillo, quien actualmente también se desempeña como embajador de Colombia ante Estados Unidos, no cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo debido a una condena por delitos contra el patrimonio público.
Además, resalta que Murillo, de profesión ingeniero de minas, ya había enfrentado controversias similares en el pasado, especialmente durante su candidatura a la vicepresidencia con Sergio Fajardo.
Los señalamientos indican que la inhabilidad de Murillo proviene de su gestión como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, donde presuntamente hubo irregularidades en la destinación de fondos para una escuela. A pesar de haber sido sentenciado a seis meses de prisión, el canciller encargado ha defendido su integridad, argumentando que su situación jurídica fue resuelta y presentando un certificado de antecedentes de la Procuraduría que acredita la ausencia de sanciones o inhabilidades actuales.
Esta controversia pone en el foco no solo la legalidad del nombramiento sino también el proceso de selección y los criterios de idoneidad para cargos públicos de alta importancia. El caso, ahora en manos del Consejo de Estado, espera una resolución que clarifique la posición de Murillo dentro del espectro político y diplomático colombiano.
Jota Pe Hernández citará al ministro de Defensa a moción de censura
El Senador Jota Pe Hernández anunció la convocatoria a una moción de censura contra Iván Velásquez, ministro de Defensa, debido a la actual percepción de inseguridad y el incremento de las actividades de grupos ilegales en el país. Esta medida, que representa un llamado a responder ante el Congreso por los recientes episodios de violencia y la aparente consolidación de organizaciones terroristas, pone en evidencia el desafío que enfrenta el actual gobierno para garantizar la seguridad nacional.
Hernández argumentó que la seguridad en Colombia se ha visto comprometida ante el avance de estas facciones, que no solo han crecido en poder, sino que también han logrado intimidar y expulsar a las fuerzas militares con la complicidad de algunos sectores civiles. Esta situación fue destacada por el senador en una publicación en redes sociales, donde también sugiere que si Velásquez no logra contener esta ola de inseguridad, debería ser destituido de su cargo.
Estos comentarios vienen en un momento crítico, marcado por incidentes violentos destacados en Bogotá durante la semana del 19 de febrero, incluyendo un tiroteo en el barrio Santander y el asesinato de un empresario en el parque de la 93. Estos eventos subrayan las dificultades en la lucha contra el crimen organizado y el robo en la capital colombiana.
No es la primera vez que el Ministro de Defensa se enfrenta a una situación como esta. Velásquez ya fue objeto de una moción de censura anteriormente debido a problemas de orden público en el país, aunque en aquella ocasión recibió el apoyo mayoritario del Legislativo.
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