La Procuraduría rechazó la recusación presentada por la defensa del canciller Álvaro Leyva contra Ernesto Espinosa, el procurador que lleva a cargo la investigación disciplinaria en su contra por el lío en el proceso de licitación de los pasaportes.
La recusación alegaba una supuesta enemistad grave de ese funcionario judicial con el Gobierno nacional, sustentada en declaraciones que había hecho en el pasado el procurador delegado, a través de sus redes sociales.
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El procurador Espinosa rechazó esa recusación en medio del juicio disciplinario que se llevó a cabo el 15 de febrero, pero que no tuvo éxito porque la procuradora Margarita Cabello, como jefa de la entidad, era la que debía resolver el recurso para proceder nuevamente con la diligencia.
“No puedo aceptar que se me señale como activista político (…) no conozco ni he tenido trato de ninguna índole con el disciplinado”, señaló el funcionario delegado en la audiencia.
Sin embargo, el concepto de la procuradora tomó su tiempo y hasta el viernes 23 de febrero se conoció que la cabeza del Ministerio Público rechazó la recusación por falta de pruebas al respecto.
“El hoy procurador delegado Ernesto Jesús Espinosa Forero es un ciudadano colombiano cuyos derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución Política y uno de ellos es el de opinar y expresarse libremente”, manifestó el auto que resuelve la recusación.
Así las cosas, Margarita Cabello concluyó: “Los argumentos a los que acudió el defensor recusante son insuficientes e infundados para sustentar la recusación, porque la opinión dada hace varios años por el hoy procurador delegado en los ámbitos académico y de su vida en sociedad no se refiere al asunto materia del presente juicio, a los hechos, a autor alguno, a las presuntas conductas del ministro disciplinable hoy sometidas a juicio, no alude a la tipicidad, ilicitud sustancial o culpabilidad, a las pruebas, a la interpretación y aplicación de las normas posiblemente vulneradas, a declaraciones de responsabilidad disciplinaria, etc.”.
Y es que, expresiones como: “Que Gustavo Petro sea mi presidente me da miedo”, entre otras, quedaron en evidencia en el recurso interpuesto por la defensa del canciller:
“Las manifestaciones hechas por el señor Procurador Delegado Ernesto Jesús Espinosa Jiménez respecto de tendencias políticas, movimientos sociales, funcionarios del Gobierno y personajes de la vida pública, ponen en evidencia su enemistad grave con uno de los sujetos procesales, todo lo cual compromete gravemente su imparcialidad y genera dudas fundadas sobre su capacidad para decidir de manera objetiva las presentes diligencias. Se configura, en consecuencia, la causal de recusación prevista en el numeral 5 del artículo 104 del CGD (sic)”, se lee en el documento presentado por el abogado Yefferson Dueñas,
Lo claro es que, ya resuelta la recusación por parte de la procuradora Margarita Cabello, el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva se reanudará, con Ernesto Espinosa como procurador encargado del caso.
Otra jugada fallida del canciller para tumbar su suspensión
El 13 de febrero de 2024, la defensa del canciller Álvaro Leyva radicó una tutela en la que solicitaba que fueran levantados los efectos de la decisión de la Procuraduría de suspenderlo por tres meses del cargo.
La defensa argumentó, en su momento, que la suspensión “no se adecuaba a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional” y que se le estaban violando el derecho al debido proceso y las garantías procesales a Leyva:
La Procuraduría respondió al recurso y alegó que la suspensión impuesta a Leyva es una medida cautelar y no definitiva. Así las cosas, el canciller tendría cómo defenderse, por lo que no se estaría vulnerando el derecho al debido proceso.
“La suspensión provisional dentro del proceso disciplinario no desconoce el derecho al debido proceso, por cuanto la misma es una medida de prevención disciplinaria que no define la responsabilidad del servidor público”, señala el documento de la Procuraduría.
Agrega que, “tal y como fue señalado en el informe del procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción “(…) en el curso del proceso disciplinario, sea en la etapa instructiva o de juicio, es posible desvirtuar el hecho jurídicamente relevante que motiva la adopción de la medida, y, no atenta contra la presunción de inocencia”.
El encargado de resolver el pleito era el Tribunal Superior de Bogotá, el cual el jueves 22 de febrero, negó la tutela que había interpuesto la defensa de Álvaro Leyva contra la Procuraduría.
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