El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, está nuevamente en el ojo de la polémica, ahora es investigado por presuntos delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y fraude procesal.
Esto luego de que el mandatario local fuera demandado penalmente ante la Fiscalía local de Tunja y la Fiscalía General de la Nación junto al gerente de Ecovivienda Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez y el abogado Juan Sebastián Ramírez.
Los demandantes intentan demostrar un presunto acuerdo entre las partes, para retirar la demanda de nulidad electoral interpuesta por el abogado Juan Sebastián Ramírez contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, esto a cambio de un contrato a favor del abogado.
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Yesid Figueroa, uno de los demandantes comentó en entrevista para Caracol Radio que “el funcionario judicial obviamente no obedece a criterios de moralidad administrativa y de necesidad de interés público, sino a satisfacer la necesidad de un contratista en beneficio de retirar una demanda que podría tener interés directo en la elección del alcalde Krasnov”.
Afirmó, a su vez, que en la denuncia interpuesta se incluyó material probatorio que sustentarían la comisión de los delitos. “El expediente digital de la Acción de nulidad electoral, el contrato, la hoja de vida del abogado y todos los estudios previos y demás documentos que se allegaron y que demuestran prima facie, un acuerdo entre ambas partes para dar un contrato con la intención de retirar una demanda, y eso, en función pública tiene un interés indebido en la celebración de un contrato (...)”.
Según el demandante de comprobarse estos delitos, tanto el mandatario local como el gerente de Ecovivienda Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez y el abogado Juan Sebastián Ramírez, podrían terminar en la cárcel.
Abogado fue requerido por el Tribunal de Boyacá
El viernes 23 de febrero, el Tribunal administrativo tomó medidas y requirió la presencia de Juan Sebastián Ramírez para esclarecer los motivos que hay para retirar la demanda que interpuso contra el alcalde y la firma de un contrato con la empresa Ecovivienda tres días después.
Por lo que el Tribunal decidió requerir la presencia de Ramírez García para esclarecer posibles conflictos de interés y aclarar la conexión entre la retirada de la demanda contra el alcalde y la firma del contrato.
Llama la atención que Ramírez García retiró la demanda el 2 de febrero, generando especulaciones y el 5 de febrero, formalizó un contrato para prestar servicios profesionales en relación con los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque en la capital del departamento de Boyacá.
Entretanto, el alcalde expresó su sorpresa ante estos acontecimientos y afirmó que espera que se esclarezcan todas las dudas en torno a este caso.
El contrato que tiene a los tres funcionarios en la cuerda floja
Según información publicada en Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la contratación se ejecutaría en 10 meses y 11 días, con vencimiento el 26 de diciembre del 2024, por el valor estimado de $54.285.000.
En este se establece que Ramírez García actuará como abogado para negociar con los beneficiarios de los mencionados proyectos, brindará apoyo jurídico en la elaboración de resoluciones técnicas y administrativas, emitirá conceptos jurídicos sobre Peticiones, Quejas y Reclamos, y fungirá como enlace con la Alcaldía de Tunja.
Sobre la demanda que fue retirada
La elección de Krasnov enfrentó una impugnación legal luego de que el abogado Juan Sebastián Ramírez presentara una demanda ante la corte, alegando una supuesta inhabilidad de Krasnov para ocupar su cargo, argumentando que infringía normativas estatales. Basándose en la existencia de un contrato de cátedra que Krasnov habría firmado con la Uptc.
En la demanda se mencionaba que el contrato violaría el numeral tercero del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, que invalida la elección de cualquier candidato si, en los doce meses anteriores a su elección, hubiera celebrado contratos con entidades estatales, con lo que la ley busca preservar la independencia de los cargos públicos de influencias previas derivadas de contratos estatales.
Para la fecha, el abogado detalló la cronología y los términos del contrato entre Krasnov y la Uptc, subrayando cómo estos hechos podrían constituir una vulneración de las normativas electorales y, en consecuencia, poner en tela de juicio la legitimidad de la elección.
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