De las cerca de 1.500 hectáreas que tiene la hacienda del expresidente Álvaro Uribe, un poco más grande que el tamaño de la localidad de Teusaquillo en el norte Bogotá, ocho le fueron adjudicadas a una asociación de campesinos en la región Caribe el martes 20 de febrero.
“Tierras de la Sociedad El Ubérrimo fueron entregadas a familias campesinas de Córdoba. El Laguito-2 (8 hectáreas + 3.400 m2) pasa a manos de la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán (sic)”, anunciaron desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Se debe recordar que esos 80.000 metros cuadrados estuvieron envueltos en una controversia legal debido a que figuraban como un predio privado en un juzgado del municipio de San Carlos (Córdoba), sin una razón aparente, y posteriormente pasaron a formar parte de la mencionada empresa, que administra la esposa del expresidente, Lina Moreno, como reveló en su momento el periodista Juan Pablo Barrientos en una investigación para el medio digital Vorágine.
Luego iniciaron una demanda, en 2019, por “prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio”, ya que llevaban siete años explotando el predio de manera ininterrumpida, pacífica y pagaban el correspondiente impuesto predial.
De hecho, en su momento los abogados de Moreno, señalaron que había una falsa tradición de ese terreno que no correspondía realmente a quienes aparecían como sus propietarios, pero cuando el proceso llegó a Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se estableció que el verdadero titular era el Estado.
En su investigación, Barrientos explicó que por ser un terreno baldío la ANT tenía que adjudicarla porque se trataba de un bien imprescriptible sobre el que no tenía cabida el recurso legal al que recurrieron los abogados de la familia Uribe Moreno.
Sobre esta polémica, el periodista Daniel Coronell señaló en una columna en mayo de 2022, que la decisión final estuvo engavetada 17 meses, pero que, además, de ser adjudicada, la Agencia de Tierras tenía que hacerlo a comunidades campesinas, afro o indígenas con patrimonios menores a 1.000 salarios mínimos.
No obstante, en ese momento los abogados de Lina Moreno sostuvieron que contaban con certificados de titularidad desde 1960 con los que reiteraba su naturaleza privada. De hecho en Vorágine encontraron que contó con varios dueños en escritura pública, pero sin títulos de propiedad.
Finalmente, en julio del año pasado la ANT se pronunció por esta controversia y recordaron que hay una “prohibición para adquirir la propiedad de predios de naturaleza jurídica baldía por el lapso del tiempo” así sus ocupantes tengan expectativas legítimas, pero no pueden titularlos a su nombre, explicaron en el periódico El Espectador.
De esta forma, con la entrega de los terrenos a campesinos se le pone fin a esta polémica, y el Gobierno Nacional continúa en su avance de la reforma agraria que busca implementar en el país.
“La entrega de este predio es un hito que les brinda las herramientas para seguir avanzando en el fortalecimiento organizativo. Es un reconocimiento al trabajo como asociación campesina (sic)”, señalaron en la Agencia de Tierras.
Por supuesto, los beneficiarios expresaron su agradecimiento al recibir el terreno con el que esperan adelantar proyectos productivos.
“Este es un reconocimiento al trabajo organizativo campesino y con la entrega de este predio vamos a avanzar en la construcción de la Paz Total, como lo ha propuesto el Gobierno Nacional como un reto histórico y avanzar en la Reforma Agraria”, dijo Carmenza Gómez Ortega, la Representante Legal de la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán.
La líder campesina agregó que las familias que llegarán al predio podrán aprovechar esas tierras para cultivar sus alimentos tradicionales, así como aprovecharán el agua para sembrar arroz para su seguridad alimentaria.
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