Colombia manifestó su interés en poner en práctica el convenio bilateral con Ecuador para la repatriación de personas condenadas, comunicación que se realizó durante un encuentro el miércoles 14 de febrero informado por la Cancillería.
Este acercamiento se conoce en un contexto en el que las relaciones entre los países han estado tensas, especialmente tras las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respecto a la situación de 1.500 colombianos encarcelados en Ecuador.
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En una reunión de alto nivel que congregó a delegaciones de Colombia y el país ecuatoriano en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se abordó la implementación del Convenio de Esmeraldas, el cual se centra en la colaboración y cooperación judicial bilateral, particularmente en lo que concierne a la repatriación de sentenciados.
Asimismo, la visita de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, y su comitiva, y el encuentro con Luis Gilberto Murillo, canciller encargado de Colombia, marcaron la pauta para este diálogo constructivo. La disposición de Colombia fue comunicada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, que destacó la eficacia y el constante funcionamiento del convenio mutual desde hace tres décadas, subrayando la importancia de aplicarlo especialmente ahora, teniendo en cuenta la emergencia carcelaria declarada por Ecuador el 12 de febrero de 2024.
“Como entidad competente de Colombia para el traslado de personas condenadas, el viceministro Umaña hizo una completa presentación del marco legal que rige la cooperación en esta materia entre los dos países. Resaltó que el convenio y reglamentos existentes han venido funcionando de manera permanente desde hace 30 años”, informó la Cancillería.
Este esfuerzo binacional espera facilitar la repatriación voluntaria de los ciudadanos condenados, garantizando su retorno a los países de origen para cumplir sus sentencias. “Como resultado del encuentro, los dos gobiernos expresaron su disposición de seguir aplicando de manera eficiente y expedita los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de la libertad, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, hacia sus respectivos países de origen con el fin de que cumplan sus condenas”.
Este proceso de repatriación, de acuerdo al convenio de 1990 entre Colombia y Ecuador, está diseñado para ser individual y basado en criterios objetivos, requiriendo el consentimiento del individuo en cuestión, algo que recalcaron tanto el Ministerio de Justicia como la Cancillería colombiana.
“Es un proceso individual (no masivo), que responde a criterios objetivos (no a la simple voluntad de los Estados parte), y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, explicaron desde MinJusticia y la Cancillería colombiana a través de un comunicado.
El enfoque de manejar cada caso “uno por uno”, mencionado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, busca una aplicación detallada y humana del convenio, distanciándose de las implicaciones que podrían derivarse de las declaraciones previas del presidente Noboa.
Este encuentro y sus resultados representan un paso adelante en la cooperación entre ambas naciones, procurando soluciones justas y efectivas para los connacionales afectados y reafirmando el compromiso de ambos países con los principios de justicia y solidaridad internacional.
De otro lado, el presidente de Ecuador, Noboa, anunció la implementación de medidas para reducir la violencia en las cárceles del país, a través del decreto No. 139, emitido el 29 de enero de 2024. Este decreto busca acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) orientadas a mejorar las condiciones dentro de los centros de privación de libertad. Entre estas medidas se incluye la repatriación de presos extranjeros, siguiendo criterios que respetan los derechos humanos y procuran aliviar el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias ecuatorianas.
El decreto presidencial contempla la repatriación como un mecanismo que, además de beneficiar a las personas privadas de su libertad, contribuirá significativamente a descomprimir la situación en las cárceles ecuatorianas. La repatriación de presos se abordará de manera individualizada para aquellos que ya hayan sido condenados, respondiendo así a solicitudes previas del Gobierno de Colombia. El mandatario ecuatoriano ha dispuesto que el proceso se realice en lotes de 100 reclusos, hasta cubrir el total de ciudadanos colombianos retenidos en Ecuador, subrayando que estos individuos tendrán prohibido reingresar al país.
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