En un operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía en Pitalito, Huila, fue detenido Hugo Gerardo Bonilla Córdoba, abogado e inspector de Policía de dicho municipio, por estar presuntamente involucrado en actos de concusión.
Este suceso tuvo lugar en la oficina del inspector, ubicada en el Centro Administrativo La Chapolera, y se le acusa de haber solicitado dinero a un ciudadano a cambio de no imponer sanciones en la construcción de una vivienda.
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La acusación específica contra Bonilla Córdoba sugiere que exigió un millón de pesos a un habitante del municipio para evitar la clausura de una obra en progreso. La víctima de esta presunta extorsión, alegando injusticia, optó por no cumplir con la demanda económica y presentó una denuncia ante las autoridades competentes.
Este reporte activó una investigación que culminó en la captura del funcionario público en el momento en que, supuestamente, recibía el dinero solicitado. Bonilla Córdoba, quien dirigía la inspección de Policía en Pitalito desde el 2020, fue posteriormente remitido a las autoridades fiscales para enfrentar las correspondientes audiencias preliminares.
Este caso de corrupción ha llamado la atención tanto de la comunidad local como de la prensa nacional, exponiendo una vez más los retos que enfrentan las instituciones gubernamentales en su lucha contra los actos ilegales dentro de sus propias filas.
Las audiencias preliminares ante un juez penal municipal de garantías serán decisivas para determinar la situación jurídica de Bonilla respecto al delito de concusión del que se le acusa. Mientras tanto, la comunidad espera que este caso sirva como un recordatorio de la importancia de la integridad y la legalidad en la administración pública.
Sargento que estafaba a quienes aspiraban a ser soldados profesionales, está en la cárcel
El sargento primero Alberto Murillo Supelano de la Fuerza Pública colombiana ha sido objeto de una medida de prisión preventiva impartida por un juez de control de garantías, tras ser acusado de cometer concusión en repetidas ocasiones.
Esta acción judicial fue solicitada por la Fiscalía General Penal Militar y Policial, la cual presentó pruebas contundentes sobre la apropiación indebida de fondos por parte del suboficial. Murillo Supelano, quien ejercía sus labores en el Comité de Incorporación del Batallón de Selva No. 52 “Coronel José Dolores Solano”, situado en Carurú-Vaupés, enfrenta la acusación de exigir sumas superiores a los 700.000 pesos colombianos a los aspirantes a soldados profesionales con el fin de garantizarles un puesto durante la etapa de preselección.
Este caso ha puesto en tela de juicio la integridad y transparencia del proceso de selección del personal para las Fuerzas Armadas en Colombia, sugiriendo violaciones a la legalidad y equidad en dicho proceso. Adicionalmente, ha resaltado desafíos significativos frente a los esfuerzos por mantener un entorno militar exento de prácticas corruptas.
El oficial fue investigado por la Justicia Penal Militar después de ser señalado de engañar a siete soldados regulares entre junio y agosto de 2023, haciéndoles creer equivocadamente que no cumplían con los requisitos físicos necesarios para su incorporación en la Escuela de Soldados Profesionales, basado en supuestos diagnósticos adversos de sus exámenes de columna.
El hecho ha resaltado la importancia de la transparencia y la justicia en los procedimientos de evaluación y selección dentro del Ejército Nacional, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en las instituciones y promover una cultura de honestidad y responsabilidad.
La concusión, definida como el abuso de la posición de un servidor público para exigir injustamente dinero o beneficios, está claramente tipificada en la legislación colombiana, destacando la gravedad de tales actos y las sanciones correspondientes.
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