Luego de que un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fuera víctima mortal de un ataque armado a las afueras de la Cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena durante las horas de la mañana del 10 de febrero, sindicatos de trabajadores penitenciarios se han pronunciado para advertir un posible paro.
Según testimonios, mientras el funcionario disfrutaba de su desayuno en un puesto cercano, fue abordado por dos individuos en motocicleta que le dispararon y le provocaron heridas letales en la cabeza. Tras su traslado a un centro asistencial cercano, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó el deceso del guardia.
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En respuesta al presunto asesinato y al creciente clima de violencia contra el personal penitenciario, Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), anunció a través de X la convocatoria a un Paro Nacional Carcelario para el lunes 12 de febrero. “Los delincuentes están exterminando los funcionarios del Inpec. Así asesinaron cruelmente a nuestro compañero en Cartagena; por nuestras vidas iniciaremos paro nacional carcelario”, manifestó Robayo.
Esta medida buscaría presionar por soluciones efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores en el ámbito penitenciario, cuyas fracturas han sido denunciadas por Robayo en repetidas ocasiones, y con mayor ímpetu en enero y febrero del 2024.
El llamado de Robayo, quien también es un guarda de seguridad carcelera, no solo pone de relieve la tragedia individual del hombre muerto, sino que también señaló una problemática más amplia que afecta la seguridad y el bienestar de quienes laboran dentro del sistema penitenciario colombiano.
Imágenes sensibles:
El paro carcelario
Según el líder de la UTP, la decisión de paralizar actividades es un grito de ayuda y una exigencia de medidas urgentes por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para frenar la ola de violencia que azota el sector.
Este suceso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las cárceles colombianas, donde los incidentes violentos no son aislados. Es destacable mencionar que, paralelo a este evento, se reportó una riña en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, que resultó en dos muertos y un herido, según informó la Policía Metropolitana de Tunja. Tales incidentes subrayan la volátil situación dentro y fuera de las prisiones que requiere de una solución integral y de cooperación entre las diferentes instituciones del Estado.
Miembros de la asociación gremial han realizado varias denuncias. De hecho, la consigna de la UTP es que “no cuentan con garantías”, como denunció Robayo ante el atentado contra una inspectora del Inpec en Medellín.
La comunidad penitenciaria y la sociedad en general aguardan respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para asegurar la integridad física y la vida de los trabajadores del Inpec. En una entrevista que concedió Robayo a la W Radio el viernes 9 de febrero, el funcionario emitió un recordatorio urgente de las difíciles condiciones bajo las cuales estos servidores públicos realizan su labor “la vergüenza institucional por parte de la contratación y el monopolio” han resultado en años sin cámaras de seguridad, por ejemplo.
Este suceso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las cárceles colombianas, donde los incidentes violentos no son aislados. Es destacable mencionar que, paralelo a este evento, se reportó una riña en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, que resultó en dos muertos y un herido, según informó la Policía Metropolitana de Tunja. Tales incidentes subrayan la volátil situación dentro y fuera de las prisiones que requiere de una solución integral y de cooperación entre las diferentes instituciones del Estado.
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