Ordenan despliegue de tropas para combatir la violencia en el sur del país

Los grupos armados habrían lanzado amenazas contra la población civil en Caquetá y Putumayo durante los últimos meses

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La misma ciudadanía se encargó
La misma ciudadanía se encargó de dar a conocer la situación ante las autoridades - crédito AFP

En una iniciativa para reforzar la seguridad en Caquetá y Putumayo, las Fuerzas Militares han intensificado su presencia mediante la implementación de operaciones terrestres, fluviales y aéreas.

Esta decisión surge en respuesta a la inquietud de la población civil frente a posibles amenazas y acciones intimidatorias por parte de disidencias de las FARC, quienes disputan el control de rutas clave para el narcotráfico en áreas aledañas a los ríos Caquetá y Orteguaza.

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La escalada en la seguridad fue ordenada por el general Helder Fernan Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que ha dispuesto el despliegue de más de 100 efectivos de la División de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional, junto con unidades de la Armada de Colombia y soporte aéreo de la Fuerza Aeroespacial.

Estas fuerzas llevarán a cabo vigilancia y control en el terreno, en el agua y desde el aire, con el objetivo de salvaguardar las vías de comunicación fluviales que son vitales para el comercio y el bienestar de las comunidades de estos departamentos.

Uniformados de las Fuerzas Militares
Uniformados de las Fuerzas Militares en operaciones en Caquetá y Putumayo - crédito Fuerzas Militares

La operación incluye la utilización de botes artillados de la Infantería de Marina para patrullar los ríos, así como el despliegue de helicópteros y aeronaves no tripuladas que permitirán una vigilancia aérea eficaz y el registro en tiempo real de cualquier actividad sospechosa.

Según indicaron desde el Ejército Nacional, este conjunto de medidas se orienta a neutralizar cualquier intento por perturbar la paz y seguridad de la población, contrarrestando así las actividades ilegales que puedan afectar la región. Además, con esta acción, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de la soberanía nacional y el mantenimiento del orden público en zonas críticas para la economía local.

Fuerzas Militares patrullando sobre el
Fuerzas Militares patrullando sobre el río Caquetá - crédito Fuerzas Militares

“Las Fuerzas Militares dispusieron de la Línea Gratuita Nacional 107 contra el terrorismo, la cual estará habilitada las 24 horas del día, para que las personas puedan denunciar, con absoluta reserva, la presencia de ilegales en la zona, para que de esta manera las autoridades puedan actuar de manera pronta y oportuna”, dice el comunicado.

Enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales tienen aisladas a más de 25.000 personas en Caquetá

Y es que la situación de orden público es crítica en la región. Precisamente, el 1 de febrero de 2024 se dio a conocer que, habitantes de Solita, Solano, Curillo, y Milán, municipios en Caquetá, fueron amenazados por un presunto cabecilla de las disidencias de las Farc.

Las advertencias abarcaban la prohibición de la navegación y el tránsito por los ríos de la región, bajo severas consecuencias, incluyendo ataques a embarcaciones. La intimidación acentúa que nadie debe moverse “hasta nueva orden”.

Además, las amenazas fueron dadas a conocer a través de un audio que trascendió en redes sociales, en el que el supuesto líder alertaba sobre las consecuencias de no acatar dicha orden.

“Todo el que transite por el río se le va a ‘volar plomo’, se les va a quemar los botes, hasta nueva orden que sea listo”, destacó la voz en la grabación.

Frente a ello, la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) emitió un comunicado en el que pedían atención institucional para abordar las graves violaciones a la libre movilidad que están enfrentando las comunidades indígenas en el Caquetá.

Dentro de dicho texto, la organización recalcó la importancia de una intervención por parte de las autoridades. Esto, como una medida para garantizar la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas afectados, poniendo en relieve la urgencia de la situación y la importancia de salvaguardar los derechos humanos básicos de estas comunidades.