La Corte Suprema de Justicia informó la apertura de una investigación contra el exrepresentante a la Cámara Eduar Luis Benjumea Moreno. La Sala Especial de Instrucción inició la indagación por los presuntos delitos de cohecho propio y tráfico de influencias relacionados con el manejo irregular de los “cupos indicativos” para la construcción de obras en Galeras (Sucre).
Según el alto tribunal, la investigación se centra en un supuesto pacto ilegal en 2018. Se sospecha que, a cambio de la gestión del excongresista para obtener financiación de una obra pública en Galeras por 5.000 millones de pesos, se le habría otorgado una compensación económica. Los detalles exactos de este presunto acuerdo están siendo examinados por la Sala.
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“#SalaDeIntrucción abre investigación contra el exrepresentante Eduar Luis Benjumea por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, relacionados con su supuesta gestión de recursos para una obra civil en Galeras (Sucre), a cambio de una compensación económica”, indicó el alto tribunal.
De esta manera, Eduar Luis Benjumea Moreno, que ocupó la representación a la Cámara por Amazonas durante el periodo 2014-2018, ya había sido objeto de señalamientos previos por presuntas irregularidades en la contratación de Caprecom. En 2014, su elección como representante se vio amenazada por acusaciones de participación en un contrato entre la Gobernación de Amazonas y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. a través de la Secretaría de Salud Departamental.
En ese momento, su elección estuvo en entredicho, pero en mayo de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la legitimidad de su elección. Según el alto tribunal, Benjumea no estaba inhabilitado para participar en las elecciones legislativas de 2014, ya que no se encontró respaldo probatorio suficiente que demostrara su participación en el contrato mencionado.
Ahora, con la reciente apertura de la investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, la situación legal del excongresista se complica. La Sala Especial de Instrucción revisará minuciosamente los detalles del presunto manejo irregular de los “cupos indicativos” y el pacto ilegal que se sospecha se llevó a cabo en 2018.
¿Qué son los “cupos indicativos”?
En el complejo entramado del sistema político, los llamados “cupos indicativos” emergen como una herramienta peculiar que distingue su funcionamiento de los conocidos “auxilios parlamentarios”. La principal diferencia radica en que, mientras en los segundos el parlamentario tiene la potestad de crear la partida de gasto a su discreción, en los “cupos indicativos” recibe una asignación presupuestal preexistente, pero con la particularidad de que la trata como si fuera de su propiedad política.
El parlamentario beneficiado no genera la partida, pero ejerce un control significativo sobre su destino. Es él quien decide a qué alcalde, generalmente afín a su orientación política, le corresponde ejecutarla. En muchos casos, también influye en la selección del contratista o interventor encargado de llevar a cabo la partida.
Se destaca la existencia de un auténtico “mercado secundario de cupos indicativos” en el Congreso. En este mercado, un parlamentario que por alguna razón no pueda o no desea direccionar un cupo indicativo asignado por el Gobierno, puede cederlo a otro.
Es crucial subrayar que la existencia de los “cupos indicativos” no necesariamente implica corrupción de manera automática. Aunque facilitan dichas prácticas, no siempre son la causa directa. La asignación presupuestal otorgada a un parlamentario puede ejecutarse correctamente, sin que alguien se apropie indebidamente de los fondos.
El Congreso debe dar su aprobación cada año al presupuesto nacional, incluyendo las distintas partidas de gasto que lo integran (llamadas apropiaciones presupuestales). Sin embargo, este proceso no implica en modo alguno que un parlamentario o un conjunto de ellos se conviertan en los “dueños políticos” de una porción específica del gasto público en Colombia.
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