La Procuraduría General de la Nación sancionó con una suspensión de 10 meses a Walfrando Adolfo Forero Bejarano, alcalde de Tocancipá, Cundinamarca, aparentemente por exceder sus competencias durante el año fiscal 2017.
El órgano de control acusó al funcionario, junto con Miguel Alejandro Rico Suárez, su secretario de Hacienda en ese entonces, de realizar adiciones presupuestarias sin la autorización requerida del concejo municipal, ascendiendo a un total de $66.656.347.702.
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De acuerdo con los detalles del caso revelados por el ente, el mandatario de la población cundinamarquesa aprobó un incremento al presupuesto de ingresos y gastos públicos, del cual $31.383.948.716 correspondían a un superávit de recursos propios, sin poseer la facultad legal para efectuar dichas modificaciones.
Por lo anterior, a Procuraduría Provincial de Zipaquirá fue la encargada de emitir la sanción inicial en enero de 2021, destacando la gravedad de las faltas disciplinarias cometidas por ambos funcionarios, calificadas como “faltas disciplinarias graves e imputadas a título de culpa gravísima”.
Además de esta sanción, Walfrando Adolfo Forero Bejarano afronta una inhabilidad de 10 años impuesta por el Ministerio Público debido a un incremento patrimonial injustificado, caso que todavía está pendiente de resolución por el Consejo de Estado.
La sanción fue impuesta en noviembre, pues la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el exfuncionario no justificó de forma satisfactoria ese aumento de más de 900 millones de pesos. Para el organismo, el informe en el que Forero intentó explicar el aumento en su patrimonio, así como sus soportes documentales, no ofrecían fiabilidad o razonabilidad, “en la medida que presentaban inconsistencias entre sí, omitían información y no cumplían con las especificaciones o reglas legales”.
La Procuraduría agregó que de esta manera “se propugna por la protección del principio democrático y el derecho a la representación política de los electores”. Con el envío del proceso al Consejo de Estado, la ejecución del fallo queda suspendida mientras se produce la decisión de ese alto tribunal.
Sin embargo, y como era de esperarse, esta medida afecta directamente la gestión del funcionario, que había sido reelegido para ocupar la alcaldía municipal durante el período 2024-2027, poniendo en tela de juicio su capacidad para ejercer nuevamente el cargo.
“Eso implica que está en una situación en que fue sancionado, siendo por hechos ocurridos cuando fue alcalde anteriormente, pero hoy tiene una condición de un derecho político adquirido por haberle votado la población para ser alcalde nuevamente, y eso le hizo al azar a tener la consideración de garantía procesal de enviarlo, de tomar la decisión” afirmó la procuradora general, Margarita Cabello.
La decisión judicial resalta la importancia del apego a las normativas legales por parte de los servidores públicos, especialmente en el manejo de fondos y presupuestos municipales. De igual forma, la conducta de Forero Bejarano y Rico Suárez no solo violó los procedimientos establecidos, sino que además comprometió la integridad de los recursos destinados al desarrollo y bienestar de la comunidad de Tocancipá.
Por otra parte, la resolución de la Procuraduría afirma la obligatoriedad de una gestión transparente y responsable como pilar de la confianza pública en las autoridades electas. Este caso se convierte en un recordatorio para todos los servidores públicos de la necesidad de adherirse estrictamente a las leyes y regulaciones que rigen sus funciones, asegurando así la correcta administración de los recursos del Estado y el respeto por las instituciones democráticas.
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