
El presidente Gustavo Petro acusó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de sedición por emprender investigaciones en su contra. El saliente funcionario rechazó las acusaciones, señaló al jefe de Estado de emprender una persecución a los contradictores y aseguró que el presidente busca saltarse las instituciones.
Durante el Gobierno con el Pueblo en Quibdó, el presidente Petro anunció a sus ministros que desde la Fiscalía se habían emprendido varias investigaciones en contra de varios de ellos con el fin de capturarlos. “A mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”, señaló el mandatario.
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El jefe de Estado aseguró que el fiscal está desesperado porque “algo ocultan” ahora que se encuentra en los últimos días del periodo. Además, Petro aseguró que “en la Fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”.

El fiscal Barbosa, en diálogo con Semana, le respondió al presidente por los señalamientos que hizo en su contra. Aseguró que el desesperado es Petro por la situación que vive el país y las investigaciones que se adelantan contra Nicolás Petro y la financiación de su campaña presidencial.
“Es una amenaza directa del presidente no solo contra el fiscal, sino contra la Fiscalía y la justicia en Colombia. Es un irrespeto a la rama judicial. Estamos frente a un presidente desesperado por cuenta de sus escándalos y, entonces, nos responsabiliza de las actuaciones de su hijo y del proceso penal que enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de la presunta financiación ilegal de su campaña”, afirmó Barbosa.
El jefe del ente investigador aseguró que “al presidente se le salió el país de la manos” por cuenta de los niveles de inseguridad. Además, señaló que su administración se negó a levantar órdenes de captura en contra de narcotraficantes pedidos en extradición y el presidente no pudo “beneficiarlos” con esa figura, así como con la supuesta legalización de la cadena productiva de los estupefacientes.
Barbosa calificó el pronunciamiento del presidente como una estrategia para desviar la atención sobre los escándalos que rodean a su entorno cercano. Además, niega que la Fiscalía beneficie a narcotraficantes porque según expone desmantelaron 2.000 organizaciones mafiosas y les quitaron más de 30 billones.
Según el funcionario, la Fiscalía no lo investiga personalmente porque la labor le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se han iniciado indagaciones por compulsa de copias desde el ente acusador, como el testimonio de Petro Burgos.
El fiscal general también aseguró que la Fiscalía no encarcela personas, para desmentir lo dicho por el presidente. Aclaró que son los jueces los que deciden sobre la privación de la libertad, una vez que el ente acusador formula su solicitud en la audiencia de definición de la medida de aseguramiento.
“Es absolutamente irracional que Petro ataque a las instituciones y al fiscal general por sus dificultades judiciales, institucionales y personales. La Fiscalía solo ha hecho lo que la Constitución y la ley le ordenan”, afirmó Barbosa al medio citado.
El fiscal asegura que no está interfiriendo en la elección de la nueva fiscal general de la Nación que no ha logrado definir la Corte Suprema de Justicia. Hace cuatro meses que tiene la terna presentada por el presidente, pero en la primera votación ninguna logró la mayoría suficiente.

Según Barbosa, plantear que ha buscado retrasar el proceso de elección es un irrespeto en contra del alto tribunal y su independencia. “Es lamentable que un presidente termine actuando de esa forma tan irresponsable y pasando por encima de todas las instituciones que él debería representar”, señaló.
“Es fundamental que el país y la comunidad internacional estén alertas porque se está anticipando una ruptura del orden constitucional en Colombia, y una persecución como la hemos visto contra funcionarios en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela”, afirmó Barbosa.
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