Continua la polémica desatada por los 500 millones de pesos de donación de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) presuntamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. La situación que ha levantado varios cuestionamientos debido a que una persona jurídica no puede realizar donaciones a una campaña presidencial, aunque varios sectores cercanos al presidente han señalado que la financiación fue para el partido Colombia Humana y no a la campaña del actual mandatario.
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Precisamente el abogado samario, Eduardo Noriega, salió a responderle a los medios de comunicación, enfatizando que el dinero que llegó desde el sindicato de educadores ingresó al partido Colombia Humana y fue destinado para temas de vigilancia durante el escrutinio:
“La documentación que aportó la Colombia Humana es que esos recursos se utilizaron en la vigilancia electoral. Resulta contradictorio que se diga que la vigilancia es campaña. La vigilancia electoral y la valoración sobre los escrutinios se hace después de realizada la elección, a las cuatro de la tarde tras el cierre de las urnas, después de eso ocurre el escrutinio. El escrutinio no hace parte de la campaña, es claro que no es”, mencionó la controvertida figura petrista al diario El Tiempo.
Noriega afirmó al medio citado que en los documentos se aprecia que la donación por parte de Fecode fue a dar al partido político con el cual Petro se posesionó como senador en el 2018.
“Las explicaciones están dadas en los documentos que se aportaron tanto en Fecode como en Colombia Humana. Esos documentos son claros y transparentes”.
Es de resaltar que en el territorio nacional la legislación electoral prohíbe específicamente que las personas jurídicas, como empresas, corporaciones, fundaciones, asociaciones, sindicatos y entidades similares, realicen donaciones a campañas presidenciales. Esta prohibición está diseñada para prevenir conflictos de interés, influencias indebidas y garantizar la transparencia e igualdad en el proceso electoral.
Respecto a las consecuencias de incurrir en esta prohibición aparecen significativas sanciones económicas tanto para el donante como para la campaña beneficiaria. Adicionalmente, puede resultar en la aplicación de inhabilitaciones que limiten el acceso a fondos estatales o incluso conlleven a la anulación de la candidatura afectada.
Los cuestionamientos a la campaña presidencial
Un documento firmado por Dagoberto Quiroga, quien fuese representante legal de Colombia Humana y ahora es el superintendente de Servicios Públicos, reveló que el partido político habría canalizado 500 millones de pesos de Fecode hacia la campaña presidencial el 24 de mayo de 2022. Esta suma, supuestamente destinada a pagar testigos electorales mediante la compañía Ingenial Media, no fue reportada adecuadamente en el sistema de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electora (CNE), lo cual podría significar una violación a los límites de financiamiento de campaña establecidos por la entidad electoral.
El hallazgo pone en tela de juicio la transparencia y legalidad de los fondos manejados por la campaña de Petro, dado que, previamente, la campaña estaba a punto de exceder el límite de financiamiento por una cifra cercana a los 164 millones de pesos. Sumar los 500 millones no declarados implicaría sobrepasar dicho límite y, por ende, infringir las normativas colombianas sobre financiación electoral.
Dada la restricción legal contra aportes de personas jurídicas a campañas presidenciales, el dinero fue donado a Colombia Humana, posiblemente recurriendo a un vacío legal para efectuar la contribución.
La controversia también incluye interrogantes sobre el escrutinio y revisión de las actas presentadas al CNE, ya que la donación fue claramente especificada en los documentos entregados a este organismo electoral. Cabe cuestionarse por qué esta entrega de dinero no causó inquietudes en 2022 y por qué el destino final del dinero parece no estar reflejado en las cuentas reportadas para las elecciones.
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