El 31,6% de quienes financiaron las elecciones nacionales de 2018 y el 25,5% de los de las elecciones territoriales de 2019 suscribieron contratos con el Estado durante siguiente cuatrienio. En el primer caso, la contratación fue de más de $5,7 billones, mientras que en el segundo, supera los $5.3 billones.
Esto, según el Segundo Informe de Elecciones y Contratos de Transparencia por Colombia, que volvió a poner la lupa sobre la financiación de la política electoral, publicado el 24 de enero de 2024.
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El informe, como en su primera entrega, examina la relación entre la contratación pública, de bienes y servicios, con los financiadores de las campañas electorales. En esta ocasión se analizaron los datos de las campañas presidencial y legislativa de 2018, y las elecciones regionales de 2019.
Hay que advertir, antes de entrar a ver las conclusiones del informe de Transparencia por Colombia, que en el país no está prohibido que se suscriban contratos con quienes financian la política electoral. Aun así, en el artículo 2 de la Ley 1474 se establece que quienes hayan hecho aportes mayores al 2% del tope establecido para las campañas de Alcaldía, Gobernación, Congreso y Presidencia quedarán inhabilitadas para celebrar contratos públicos con todas las entidades del mismo nivel de gobierno en el que se realiza el aporte. Inhabilidad que también cobija a los parientes cercanos del financiador, así como a las empresas jurídicas en las que este participa o ejerce un control.
Los hallazgos del informe
A continuación, se resaltan los principales resultados de este análisis entre financiadores de campañas en 2019 y la posterior contratación pública:
- El 25,5% (2.518) de los 9.857 financiadores de campañas en 2019, celebraron contratos con el Estado en fecha posterior a la posesión de las autoridades territoriales.
- El valor total de los contratos celebrados con estos 2.158 financiadores de campañas, que aportaron $26.864 millones, asciende a 5.3 billones de pesos divididos en 19.026 contratos.
- El 85% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas: Contratación Directa (39,4%), Régimen Especial (32,3%) y Selección Abreviada (14%). En contraste, solo el 9,5% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública.
El caso de las elecciones nacionales de 2018 no es muy distinto:
- El 31,6% (904) de los 2.858 financiadores de campañas presidencial y legislativa en 2018, celebraron contratos con el Estado en fecha posterior a la instalación del Congreso y la posesión del gobierno de Iván Duque.
- El valor total de los contratos celebrados con estos 904 financiadores de campañas, que aportaron $119.883 millones, asciende a 5.7 billones de pesos divididos en 14.632 contratos.
- El 86,51% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas como la contratación directa (45,46%) y el régimen Especial (41,05%). En contraste, solo el 8% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública.
¿Y las inhabilidades qué?
El informe también expone algunos casos en los que se habría burlado la inhabilidad establecida en la ley e invita a comprender las características y la frecuencia de esta relación entre financiadores/contratistas con las autoridades para así fortalecer las acciones de prevención, monitoreo, control y sanción para garantizar un manejo transparente y responsable de los recursos involucrados.
Entre los hallazgos de Transparencia por Colombia destacan dos casos de presuntas inhabilidades de financiadores/contratistas:
- El exgobernador de Vichada Jorge Eliecer Forero Gaitán, que firmó un contrato directo en el marco de la pandemia por valor de $1.700 millones con un financiador de su campaña, cuyo aporte superó el 2% del tope.
- El exalcalde del municipio de Cantagallo (Bolívar)Francisco Javier Bolívar, que celebró contratos por valor de $1.300 millones con un financiador que aportó $20 millones a su campaña, que representaba el 17% de la financiación.
Desde Transparencia por Colombia hacen un llamado a las autoridades territoriales, que se acaban de posesionar, para que adelanten “procesos de control interno en las alcaldías y gobernaciones que permitan identificar potenciales conflictos de interés e inhabilidades en la contratación con financiadores de campaña”.
Sandra Martínez, directora Programática de Iniciativas con Sistema Político y Estado de Transparencia por Colombia, dice que “es esencial que las nuevas autoridades territoriales aborden medidas concretas que permitan fortalecer la gestión pública, particularmente a través de acciones que propendan por procesos de contratación que no se vean afectados por la incidencia de intereses particulares”.
A continuación, se puede leer el informe completo:
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