Exdetective del DAS irá ante la justicia por destinar recursos para las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia

La Fiscalía General de la Nación informó en la mañana de este martes 23 de enero que ha formulado una acusación formal contra la exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Alba Luz Flórez Gélvez, alias ‘Mata Hari’, por presuntamente destinar fondos públicos para un esquema de infiltración ilegal en la Corte Suprema de Justicia entre 2007 y 2009.

Según cuenta los detalles de la investigación, Flórez Gélvez habría utilizado el presupuesto de gastos reservados perteneciente a la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS para acercarse y reclutar a personal vinculado con la alta corte, como parte de una estrategia para obtener información confidencial sobre magistrados e investigaciones de ‘parapolítica’.

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Esta maniobra implicó una presunta malversación que alcanza los 169′850.000 pesos para beneficio propio, además de un direccionamiento de 24′450.000 pesos para pagar a las fuentes que le suministraban material sensible de los casos que se trataban en la alta corte.

“El método empleado para estos fines ilícitos fue la penetración a través del pago de fuentes humanas que laboraban dentro del mismo tribunal y que fueron reclutadas por el DAS al cumplir funciones de seguridad, conductores, escoltas y auxiliares de servicios generales, quienes al tener acceso directo a la información que recolectaron recibieron dineros del rubro de gastos reservados en donde se ocultó el verdadero propósito ilegal”, señaló el fiscal del caso.

Los indicios señalan que la exfuncionaria habría creado informes de inteligencia falsos y utilizado datos plagiados de internet y diversos medios para justificar el gasto de los recursos públicos, con el fin de esconder el origen ilícito de la información recolectada. En este contexto, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

El proceso penal en contra de Flórez Gélvez avanzará con la programación de las audiencias preparatorias de juicio para abril de este año, decisión que estará en manos del juez penal encargado del caso.

En noviembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sentenció a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, exmiembro del ahora disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a 150 meses de reclusión.

Rivera Rodríguez fue encontrado culpable de ser coautor en los actos de tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego entre 2001 y 2004, época en la que Duque investigaba el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón.

Los actos de persecución y hostigamiento sistemáticos por parte de Rivera Rodríguez, quien entonces ejercía labores en el Grupo de Inteligencia G3 del DAS, han sido clasificados como delitos de lesa humanidad. La sentencia resalta la participación activa del exagente en las intimidaciones sufridas por Duque, quien también trabajaba como investigadora en el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo. Las autoridades judiciales han subrayado la gravedad de estos actos, cometidos mediante el uso de recursos estatales, y que llevaron a la periodista a exiliarse en dos ocasiones.

Rivera Rodríguez era parte vital de un conjunto de operaciones ilegales que tenían como objetivo silenciar a opositores y críticos del gobierno, incluyendo el seguimiento ilegítimo y la recolección indebida de información. La persecución no solo se centró en Claudia Julieta Duque sino que también se extendió a otras entidades y organizaciones no gubernamentales.

El tribunal revocó la absolución previa emitida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá en mayo, atendiendo a la apelación introducida por la parte afectada.

El caso, que ha revelado el despliegue de estrategias coercitivas por parte del DAS bajo su antigua estructura, contribuye a un historial de acciones que socavan la libertad de prensa y la seguridad de quienes la ejercen en Colombia. Asimismo, el fallo comprende un mensaje claro acerca de la impunidad que rodea los abusos de poder, haciendo énfasis en la importancia de sancionar a los responsables.

“Los actos específicos de tortura continuada que la víctima narró fueron planeados y ejecutados por directores, subdirectores y agentes del DAS o con su connivencia, empleando recursos públicos, situación que obligó a Claudia Julieta a exiliarse del país en dos oportunidades y le generó secuelas en su integridad psíquica”, señaló el fallo de la sala penal.