El Estado podría ser hallado culpable por contaminación con mercurio del río Atrato: comunidad radicó demanda

Un grupo de 1.600 habitantes del municipio de Atrato, Chocó, en Colombia, se ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con una demanda contra el Estado colombiano, solicitando reparación económica por las afectaciones a su salud y medio ambiente debidas a la minería ilegal de oro.

Según el expediente revelado por El Espectador, los habitantes del municipio, que queda a una hora de Quibdó, exigen una indemnización que podría ascender a 220.000 millones de pesos si la justicia les da la razón ante la crisis ambiental desatada por la contaminación con mercurio del río Atrato, del cual dependen para actividades básicas como abastecerse de agua y alimentos.

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Esta acción legal iría específicamente contra tres dependencias del Gobierno nacional y una administración municipal: el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y el municipio de Atrato.

Ahora la decisión está en manos del despacho de la magistrada Adriana Bernal Vélez, quien se encuentra revisando la acción legal y podría significar un fallo histórico para las comunidades que se han visto afectadas por la contaminación de las aguas, debido a la extracción desbordada de minerales y metales preciosos que no ha podido ser contenida por las autoridades nacionales.

La acción judicial subraya que desde 2006, la cuenca del Atrato ha sido objeto de minería ilegal y el uso indiscriminado del mercurio por parte de operadores extranjeros y grupos armados como el clan del Golfo y la guerrilla del ELN. Esta situación ha generado severos daños ecológicos como erosiones, contaminación del agua y de los peces, alterando drásticamente el medio de vida de las comunidades.

De hecho, Colombia ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tercer país con más emisiones de mercurio a nivel global, detrás de China e Indonesia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por impedir el uso de este metal pesado a través la prohibición en el país desde 2018.

Sin embargo, los accionantes han relatado en su denuncia las dificultades que han padecido desde hace al menos dos décadas por cuenta de la contaminación. Según reveló el medio citado, esta demanda se viene cocinando desde junio de 2022, como una medida de supervivencia de los habitantes del municipio de Atrato, ante la fuerte influencia de grupos armados que se financian con la cuenca del río

“Graves erosiones que pueden generar deslizamientos, turbidez y contaminación de las aguas y de los peces, piscinas azulescas por el mercurio (foco de zancudos de la malaria), como lo reseñan los informes de las autoridades locales”, reza en la denuncia publicada por El Espectador.

Además, el caso también destaca problemas en el sistema de acueducto local, ya que la fuente principal de agua es el contaminado río Atrato. Informes toxicológicos mandados por la Corte Constitucional en 2016, cuyos resultados tardaron cuatro años en entregarse, confirmaron altos niveles de mercurio en la sangre de los habitantes, correlacionándolos con diversas afecciones de salud.

“Ese líquido, como es de público conocimiento, está contaminado con altos índices de mercurio y los niveles de turbiedad del agua, lo que dificulta aún más el proceso de potabilización del agua”.

Incluso, un estudio reciente de la editorial científica Elsevier evidenció igualmente la grave contaminación de las especies de peces en el río. Los demandantes aseguran que este panorama ha alterado por completo su forma de vida y bienestar. “La contaminación nos cambió el modo de vivir, al no poder bañarnos en el río porque las enfermedades (rasquiña, picazón, infecciones vaginales y enfermedades de la piel) han causado daños irreparables a la población, afectando sustancialmente su vida de relación con el medio ambiente, violentando de manera visible y flagrante derechos colectivos y del ambiente”, señala el documento.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha respondido a la demanda con un documento de 33 páginas en las que se afirma que no existen pruebas concretas que vinculen a las entidades estatales demandadas con el avance de la minería ilegal y los daños alegados por los demandantes.

“Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegadas al proceso por los demandantes, que pretenden demostrar la ocurrencia de hechos como las consecuencias de la explotación minera en toda la extensión del municipio de Atrato y la disminución en la calidad de vida de sus pobladores, debe decirse que, con estas, no es posible determinar técnicamente tales afectaciones, pues solo son capaces de exponer una realidad generalizada que ha sufrido el municipio en cuestión; sin embargo, como medio probatorio no tiene mérito alguno porque no existe certeza de que correspondan a los daños causados por parte de las entidades demandadas”.

Esta postura ha generado indignación entre las comunidades afectadas, que observan una falta de reconocimiento por parte del gobierno de la situación vivida a lo largo de los años. Mientras tanto, queda a la espera de la decisión que tome la magistrada Bernal Vélez y el tribunal a lo largo del presente año.