El 17 de enero de 2024, el Gobierno nacional tomó la decisión de retirarle las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su participación en las desapariciones registradas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
El exmilitar contaba con varios reconocimientos como la de Servicios Distinguidos en Orden Público; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño; Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, y la cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico.
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Sin embargo, a través del Decreto 008 de 2023, firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el Gobierno determinó que el general (r) Arias Cabrales ya no tendrá derecho a estas distinciones. Según explica la norma, la decisión acata las leyes que lo instan a sancionar las actuaciones de servidores públicos y ciudadanos que conlleven hechos criminales.
“Por tanto, es obligación del Estado tomar todas las medidas establecidas por el ordenamiento que persigan la sanción y el repudio de aquellas conductas constitutivas de los delitos de desaparición forzada, así como la dignificación pública de las víctimas y de lo sucedido”, señala el decreto.
Pero la decisión del Gobierno fue cuestionada por el reconocido abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, que explicó que el decreto que avala el retiro de las condecoraciones al general (r) Arias Cabrales podría ser inconstitucional.
Según el jurista, la norma es contraria a la ley, toda vez que: “De acuerdo con la Constitución, los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados ni de sus grados, ni de sus honores, sino de los términos que establezca previamente la ley”.
Además, aseguró que hasta donde ha revisado el decreto expedido por el Gobierno, este “invoca una serie de normas de carácter reglamentario y unas leyes que no establecen expresamente la posibilidad de despojar de los honores a un miembro de la Fuerza Pública, ni establecen el procedimiento para ello”.
En consecuencia, el abogado señaló que el decreto sería inconstitucional. “Que el decreto esté firmado únicamente por el ministro de Justicia, hace que posiblemente tenga una irregularidad porque debe ser firmado por el presidente de la República y el ministro de la rama correspondiente”.
Sin embargo, explicó que en algunos casos, “los decretos debe ir la firma de varios ministros porque el asunto puede afectar a varios sectores, si no está firmado por alguno de ellos podría haber una irregularidad, pero también podría no ser suficiente para invalidarlo”.
Finalmente, aseguró que si el ministro se declaró impedido, debió nombrar a un reemplazo, que podría ser el mismo ministro de Justicia, firmando en calidad de jefe de cartera.
La senadora María Fernanda Cabal también cuestionó el decreto del Gobierno y citó el artículo 220 de la Constitución Política, el cual señala que los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley.
“No puede ser que los victimarios que entraron a Palacio de Justicia a sangre y fuego asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer”, dijo Cabal en su cuenta de X (antes Twitter).
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales comandó la Brigada XIII del Ejército y estuvo a cargo de las operaciones militares para recuperar el control del Palacio de Justicia. En 2011, el exmilitar fue acusado y condenado por la Corte Suprema de Justicia a 35 años de cárcel por las desapariciones de varias personas en el Holocausto.
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