En medio de una rueda de prensa desarrollada durante la mañana del jueves 18 de enero se oficializó que en Medellín no se podrá consumir ni estupefacientes o sustancias alucinógenas en parques ni lugares con afluencia de niños, así como en eventos públicos.
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De acuerdo con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, la medida se da para proteger a la infancia antioqueña, además de rescatar espacios públicos que transitan las familias paisas.
“Yo tengo una voluntad clara y es cuidar a los niños y las niñas. Es que el reclamo de los papás y las mamás en Medellín, y no solo de ellos sino de los niños y de mucha gente es el ¿por qué no pueden disfrutar de un espacio público, de un entorno tranquilo y saludable?”.
La prohibición incluirá el consumo de la dosis mínima legal vigentes, de acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Óscar Lamprea, las personas sorprendidas serán multadas con un comparendo, además que les destruirán la sustancia incautada: “En el marco del decreto, nos lleva a tener en cuenta que estamos actuando bajo la normatividad, según el código de convivencia ciudadana”.
Al respecto resaltó Fico que no están tras ninguna persecución a los consumidores de droga o impulsando alguna estigmatización, sino lo que desea es velar por la infancia de la capital paisa.
“Esto no significa que se vaya a detener a alguien y que vaya a ir a la cárcel. No empecemos con ese cuento, porque ahora dicen que es vulneración de derechos y persecución. Es un cuidado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo pido que entre todos tengamos convivencia y respeto por los demás”.
Entre tanto, uno de los que ha cuestionado a Fico es el representante a la Cámara Daniel Carvalho, que señaló que el alcalde paisa está estigmatizando a los consumidores de marihuana, además de resaltar que pese a la intención de Gutiérrez el problema de distribución y consumo de sustancias ilegales va más allá de un simple decreto.
“A propósito de declaraciones de @FicoGutierrez sobre consumo de sustancias en espacio público: Visité algunos lugares de consumo y hablé con algunos consumidores y suboficiales. La primera impresión es que nada ha cambiado y la policía no tiene claridad sobre el camino a seguir”.
El protocolo de las autoridades para intervenir en el consumo de drogas en espacio público
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en respuesta a inquietudes sobre las normativas relacionadas con el consumo y posesión de sustancias en áreas públicas como parques y entornos educativos, anunció la emisión de un protocolo para orientar la intervención de las autoridades en estos casos. El protocolo establece cómo deben responder las autoridades locales y policiales en situaciones de porte y consumo, protegiendo los derechos de niños y adolescentes, así como de los consumidores.
Se enfatiza la preponderancia de los derechos de la niñez y la adolescencia, especialmente en espacios de recreación. Además, proporciona guías para la implementación de restricciones al porte y consumo, respaldadas por el Código Nacional de Policía, y delinea criterios de intervención centrados en la salud pública y los derechos humanos, respetando la diversidad y buscando siempre la no discriminación.
El protocolo diferencia claramente entre posesión para uso personal y tráfico de drogas, subrayando que no debe sancionarse el porte de dosis personales y que la intención detrás del porte es un factor crucial. Recomienda intervenciones de salud pública, asegurando un enfoque de no discriminación y respeto por los derechos fundamentales.
Se considera que el lugar y momento del consumo son criterios decisivos, sugiriendo posibles restricciones horarias y zonales cerca de centros educativos y parques. Así mismo, sugiere que las prácticas culturales de comunidades étnicas no deben ser penalizadas.
Finalmente, el protocolo aconseja medidas preventivas y rutas de atención para personas en riesgo o con trastornos relacionados al consumo, promoviendo la coordinación de los servicios de salud. El ministro Osuna recalcó que las directrices buscan un enfoque de salud pública y salvaguarda de los derechos humanos en el contexto del porte y consumo de sustancias psicoactivas en el país.
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