En un decreto firmado por el ministro de Justicia Néstor Osuna, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el líder de las operaciones en la retoma del Palacio de Justicia en 1985 cuando el M-19 se apoderó de las instalaciones el 6 y 7 de noviembre.
Según se informa en el decreto, a partir de ahora el general no tendrá derecho a hacer uso de sus reconocimientos, como la medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño; Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, y la cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico.
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Según explicó el ministerio, la decisión se toma con el fin de acatar las leyes nacionales, que instan al Gobierno a sancionar las actuaciones de servidores públicos y ciudadanos que conlleven hechos criminales, como en el caso del general (r) Arias Cabrales, a quien se le culpó por su responsabilidad en la desaparición de civiles por parte de las Fuerzas Militares hace 38 años.
“Por tanto es obligación del Estado tomar todas las medidas establecidas por el ordenamiento que persigan la sanción y el repudio de aquellas conductas constitutivas de los delitos de desaparición forzada, así como la dignificación pública de las víctimas y de lo sucedido”, señala el decreto.
La decisión del Gobierno nacional se da después de que Helena Urán Bidegain, la hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo fue encontrado en el Palacio de Justicia apenas terminó la operación militar, instaurara una petición para que se retiraran todos los honores al general en retiro.
Una vez se conoció la noticia, las reacciones de diferentes políticos de oposición no se hicieron esperar. Tal fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien señaló que la decisión fue tomada como un acto de venganza por parte del presidente Gustavo Petro.
“El Gobierno de la venganza. Hoy Gustavo Petro, a través de su ministro de Justicia, ha ordenado a través de una resolución retirarle los honores y medallas al general (r) Arias Cabrales, un Gobierno que está impedido moral y legalmente”, criticó la congresista.
Según sus palabras, este es un acto para justificar el actuar del entonces grupo guerrillero M-19, además de sobrepasar la justicia colombiana para retirarle condecoraciones al alto mando militar, a pesar de ya estar condenado a 35 años de prisión por su participación en las desapariciones.
“No puede ser que los victimarios que entraron al Palacio de Justicia a sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sean hoy quienes tuerzan la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer”, concluyó.
La decisión del Gobierno nacional se suma a las sanciones que ha recibido el general (r) Arias Cabrales, pues en noviembre de 2023 Estados Unidos retiró las visas al exmilitar colombiano, a su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y a sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucía Arias Isaza.
En el comunicado oficial del Departamento de Estado, emitido por el portavoz Mattew Miller, se explicó que la remoción de las visas fue consecuencia directa de la participación de Arias Cabrales en la violación de derechos humanos en aquella retoma del Palacio.
“Estados Unidos apoya firmemente el acuerdo de paz de 2016 de Colombia y se suma al pueblo colombiano en la conmemoración de su séptimo aniversario. Estados Unidos felicita a Colombia por este aniversario y valoramos sus continuos logros hasta el momento”, comentan en el documento.
Por su parte, el exgeneral fue condenado en Colombia a 35 años de prisión por su implicación en los trágicos eventos de la retoma del Palacio de Justicia, que dejó un centenar de muertos, incluyendo jueces del Tribunal Supremo y guerrilleros desaparecidos.
A pesar de la condena, Jesús Armando Arias Cabrales, ahora con 86 años, insiste en su inocencia. En una entrevista con la revista Semana, el excomandante del Ejército abordó la situación desde la perspectiva de ser un “chivo expiatorio”.
Argumentó que las limitaciones tecnológicas de la época impidieron la identificación adecuada de los cadáveres calcinados durante el incendio, lo que, según él, lo ha convertido en el blanco de las circunstancias.
Arias Cabrales también destacó irónicamente la suerte de varios exmiembros del grupo armado M-19, quienes, según él, ocupan ahora cargos políticos mientras él enfrenta su condena. Enfatizó que tras la toma del Palacio de Justicia, el gobierno permitió la reincorporación del M-19 a la vida civil, ocupando incluso cargos en ministerios, gobernaciones y alcaldías.
Arias también recordó que la operación militar fue una respuesta a la falta de opciones por parte del gobierno de Belisario Betancur, quien, tras consultar con expresidentes y ministros, determinó que el rescate con el uso de la fuerza pública era la única acción viable en ese momento.
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