
Continúan los problemas para el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, después de que se conociera que ya está listo el documento con el que la Fiscalía General de la Nación podría vincularlo legalmente por presuntas irregularidades en la caja menor de la Alcaldía.
Según revelo El Tiempo, el ente investigador estudia en profundidad la opción de acusar formalmente al exmandatario local por el delito de peculado por apropiación, después de que la Contraloría encontrara pagos injustificados que suman al menos 117 millones de pesos por gastos en restaurantes, arreglos florales y hasta pago de peajes que no fueron justificados debidamente.
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En el documento de imputación también estaría su secretario privado Juan David Duque, quien habría autorizados los gastos sin justificación, por lo que el ente acusador también tenía su nombre fichado para responder legalmente por un presunto detrimento patrimonial.
“De acuerdo a hallazgo parcial fiscal de la Contraloría General de Medellín el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y su exsecretario privado Juan David Duque se habrían apropiado en favor propio y de terceros de la suma aproximada de $100.000.000 correspondiente a fondos fijos reembolsables (caja menor)”, señala el escrito revelado por el medio citado.

Ante las acusaciones, el exmandatario local aseguró que la información difundida no corresponde a la realidad, pues durante su administración no tuvo potestad para manejar los dineros de los fondos fijos reembolsables de la Alcaldía de Medellín.
“Es un chisme que vaya a ser imputado por el fondo fijo o caja menor de la Alcaldía. La caja menor no la administra el Alcalde, y lo único que encontró la contraloría después de una revisión minuciosa fue la falta de un informe de la compra de unos tintos y hamburguesas. El informe ya fue presentado por al área respectiva”, señaló el exmandatario.
Sin embargo, según la más reciente revelación, Quintero sería notificado en el mes de febrero sobre su vinculación al proceso, mientras que la Fiscalía ultima detalles para decidir si, con el total de las pruebas, imputan al exmandatario paisa.
La noticia se daría apenas un mes después de que la Contraloría distrital compulsara copias a la Fiscalía General por hallazgos que corresponderían a un detrimento patrimonial en las arcas de la Alcaldía, pues en diciembre de 2023, el ente de control informó sobre irregularidades en la caja menor del despacho del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por un valor superior a 117 millones de pesos, tras no encontrar justificación en gastos destinados a reuniones oficiales en restaurantes durante el periodo de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023.
Los hallazgos incluyen falta de autorización y certificación de los gastos, así como rubros sin cuantificación específica en el presupuesto del fondo fijo reembolsable de las secretarías Privada, Comunicaciones y Evaluación y Control.

En su momento, el informe detalló que solo $7′799.790 de los $124′566.0005 gastados por concepto de almuerzos y cenas fueron autorizados oficialmente, poniendo en relieve compras no certificadas y sin autorización en diversas ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. Esto, junto a gastos en refrigerios y productos de panadería que suman $1′066.215, llevaron al ente de control a determinar que las compras hechas con presupuesto destinado a necesidades de la Alcaldía no eran urgentes.
De hecho, de los $310′745.191 revisados por la auditoría, correspondiendo al 50,26% de las facturas de 2022 y la totalidad de los recibos del primer semestre de 2023, la evaluación del organismo de control generó dos hallazgos administrativos, de los cuales uno implicaría la presunta incidencia disciplinaria por la falta de aprobación expresa del ordenador del gasto, identificado como el exsecretario privado Juan David Duque.
Además, se observaron gastos previsibles y recurrentes como el aprovisionamiento de cocina, pago de peajes y la compra de flores, que no se consideran imprevistos ni necesarios para el funcionamiento normal del despacho distrital.
Finalmente, la Contraloría distrital subrayó el desconocimiento normativo y la ausencia de planeación como causas primarias de las irregularidades encontradas, señalando deficiencias en la administración del fondo fijo.
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